La Corte Suprema dejó firme la condena a 13 años de prisión por asociación ilícita contra la dirigente social jujeña Milagro Sala, quien cumple actualmente prisión domiciliaria en su provincia.

Los jueces del máximo tribunal ratificaron la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal número tres de Jujuy, que dispuso además la "inhabilitación absoluta por el mismo término" para Sala por los delitos de "asociación ilícita, en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión, en calidad de coautora".

La condena sostiene que Sala implementó "un sistema de recaudación ilegal a costa del erario público, en el marco de programas federales y provinciales de construcción o mejoramiento de viviendas, que tuvo por finalidad el injusto provecho de la jefa e integrantes de la asociación ilícita".

En un fallo de medio centenar de páginas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaba habilitada la instancia de la Corte Suprema para la revisión del fallo.

No obstante, analizaron las conclusiones de todas las instancias anteriores y rechazaron los planteos de la defensa de la líder de la Túpac Amaru.

El fallo sostiene que la defensa de Milagro Sala "no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para desestimar los agravios referidos a la presunta vulneración al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de parte de la prueba ofrecida, la indeterminación de la imputación en su contra y la infracción del principio de congruencia".

La Corte le restó trascendencia al caso de Milagro Sala, en términos políticos: "Tampoco se halla configurada la gravedad institucional alegada, en tanto este planteo no cuenta con un desarrollo suficiente con relación a la existencia de un interés que exceda el individual de la parte y afecte de manera directa al de la comunidad o el funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación".

La Corte tomó por válidas todas las pruebas utilizadas en las instancias anteriores para dictar la condena y sostuvo que los cuestionamientos planteados por la defensa de la dirigente social jujeña son "meras discrepancias" con lo resuelto.

La Corte también les creyó a los testigos de cargo que declararon a lo largo del proceso y que fueron objetados por Sala.

"La crítica (de la defensa) importa un cuestionamiento dogmático a la credibilidad de los testigos cuyos dichos fueron tomados en cuenta, la que resulta insuficiente", sostuvieron.

Esos cuestionamientos de la defensa de Sala se basaron "en una aseveración unilateral que por un lado no se ajusta –por falta de correspondencia- a los concretos fundamentos del fallo apelado, ni tampoco los refuta por omitir toda crítica al respecto". 

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo a Cadena 3 que "este fallo termina con este Estado paralelo y la impunidad". 

"Es un fallo en el que la Justicia no ha juzgado ideología, ni color de piel, ni un tema de dirigencia social, sino un hecho de corrupción debidamente probado: la causa pibes vileros que data de 2015", expresó el Ejecutivo provincial. 

Y agregó: "El fallo de la Corte reafirma la paz lograda en el pueblo de Jujuy e interpela a los argentinos a que el camino es el estado de derecho". 

"El fallo interpela también a los argentinos en que el asistencialismo como política pública consolida la pobreza. Lo que resuelve la pobreza es el trabajo decente", concluyó.