Convocados por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), los trabajadores judiciales de la provincia se sumarán este martes a un paro de 24 horas en rechazo al pago del impuesto a las ganancias en el sector. En Santa Fe, la medida de fuerza será con asistencia a los lugares de trabajo, donde se realizarán asambleas para discutir el tema. Jorge Perlo, del sindicato de judiciales local dijo no estar de acuerdo con la propuesta legislativa y aseguró que “el salario no es ganancia, porque no genera rentabilidad”.

El referente indicó que el 70% de los trabajadores judiciales tiene salarios por encima de los 330 mil pesos, cifra del mínimo no imponible del impuesto que regirá desde diciembre, pero aclaró que esos montos están vinculados con quienes tienen años de antigüedad en el Poder Judicial y no con un ingresante. En ese sentido, insistió con que esta medida “no va a afectar solo a los jueces, que representan un 4% del universo no imposible, sino al 96% representado por trabajadores y trabajadoras”.

Para Perlo, la medida del Gobierno no es un reparto equitativo de la riqueza y considera que ningún trabajador de ninguna actividad debería pagar impuesto a las ganancias. La iniciativa fue elevada por el diputado del Frente de Todos (FdT), Marcelo Casaretto que insistió en que los jueces deben pagar ganancias “como cualquier hijo de vecino”.

“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, marcó el diputado.

Recordó que "un obrero automotor paga Ganancias, el presidente y sus ministros, los legisladores también; los únicos que no pagan son los que están en la Justicia". Casaretto remarcó que la exención del pago de Ganancias para el Poder Judicial "significa un costo de $238.000 millones para el año que viene".

"Muchos piden más fondos para fortalecer las partidas en Educación, infraestructura, barrios populares y todo eso requiere una inversión del Estado", advirtió, para agregar que "el objetivo es que esa inversión social tan necesaria se financie con esa eliminación de la exención".

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen ganancias pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el impuesto de sus haberes.