Terminar el trabajo técnico con el staff del Fondo Monetario. Dejar por escrito la letra chica del Memorándum de Entendimiento del nuevo programa financiero. Oficializar el acuerdo y comunicarlo. Girarlo al directorio del organismo y al Congreso argentino. Trabajar los apoyos de los países miembros del directorio y ordenar la interna en el Frente de Todos, para conseguir el visto bueno en los dos frentes. En el medio, efectuar un pago previsto al Club de París por USD 200 millones, otra negociación atada a la suerte de lo que suceda con Washington.

Toda esa secuencia debería suceder en menos de cinco semanas para evitar que el Gobierno llegue al 22 de marzo, fecha de un nuevo vencimiento de deuda con el FMI, con la soga al cuello.

Ese es el panorama del rompecabezas que busca resolver a contrarreloj el Poder Ejecutivo. El ministro de Economía Martín Guzmán decidió finalmente no participar de manera presencial en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Indonesia y se dedicará a supervisar la continuidad de las reuniones técnicas con los funcionarios del FMI, por un lado, y con sus pares de naciones integrantes del directorio.

Quien sí viajará a Yakarta para la reunión de ese foro es Sergio Chodos, representante del Cono Sur ante el directorio del FMI y mano derecha de Guzmán en la negociación de la deuda. El ministro esperó hasta conocer qué presencialidad habría en Indonesia para decidir si iba o no. Muchos de los principales funcionarios de finanzas de esos países y las dos funcionarias más altas del Fondo, Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, participarán de manera virtual.

La bitácora de las próximas semanas tiene ciertos mojones que marcan la cercanía de nuevas obligaciones de pago en el calendario de Economia. Por caso, el 22 de marzo caerá otro vencimiento de deuda grande con el FMI por USD 2.800 millones, suma que el Gobierno no podría afrontar independientemente de su voluntad de pago, debido a la insuficiencia de reservas líquidas en el Banco Central.

Por ahora ni en el FMI ni en el Gobierno quieren hablar de alguna alternativa que posponga esa obligación de pago. El primer entendimiento fue alcanzado apenas horas antes de la fecha de pago. A fines de marzo, además, vencerá el “puente” de tiempo firmado con el Club de París antes de encarar una refinanciación de los USD 1.900 millones que el país le debe a ese consorcio de países acreedores.

El 28 de febrero, es decir dentro de dos semanas, Hacienda deberá cancelar el segundo pago de ese acuerdo preliminar con el Club de París, por otros USD 200 millones. No sería una suma considerable si no fuera porque el BCRA cuenta con reservas netas escasas. Según algunos cálculos privados, cercanas a cero.

Hace algunos días el vocero del FMI Gerry Rice manifestó su intención de completar el tratamiento del acuerdo técnico “lo más rápido posible”.

“No tenemos un calendario específico. Trabajamos muy duramente y lo haremos lo más rapido posible. El próximo paso será un acuerdo a nivel del staff. El siguiente es la propuesta hacia el directorio que es el que toma la decisión final como sucede siempre”, dijo el vocero.

Hoja de ruta: negociación, firma y las dos votaciones

Resta una serie de cuestiones para dirimir en el toma y daca entre los funcionarios de Economía y del BCRA con los miembros del staff del FMI. Se trata de la letra chica que va a complementar y a explicar de qué manera el Gobierno podría alcanzar las metas exigibles presentadas en el preacuerdo anunciado el 28 de enero.

Los tres pilares del programa económico consensuado, y que formará parte del Extended Fund Facility (EFF) que busca cerrar la Casa Rosada, serán el sendero de reducción del déficit primario, la magnitud de la asistencia monetaria del Banco Central y un horizonte de acumulación de reservas en el Banco Central.

En los tres casos hay ya estipulados y explicitadas metas anuales, salvo en el caso del colchón de divisas de la autoridad monetaria, de lo que por el momento solo se conoce la perspectiva para 2022. Este año, en ese sentido, las arcas de Reconquista 266 deberían incrementarse en torno de 5.000 millones de dólares. Todavía es materia de negociación cómo será el calendario de desembolsos desde el FMI y si el primer giro de divisas desde Washington devolverá lo que el Estado argentino ya pagó del Stand By de 2018 durante el mandato de Alberto Fernández, unos USD 4.400 millones si solo se tienen en cuenta los vencimientos de capital, sin los intereses.

Respecto al recorte de la asistencia desde el BCRA al Tesoro, que para diversos analistas es considerado el punto más complejo de cumplimiento, el consenso preliminar prevé que mientras en 2021 fue equivalente a 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, en 2023 0,6% y en 2024 que se aproxime a cero. Por el momento no hubo detalles sobre si esa reducción incluirá adelantos transitorios y giros de utilidades en conjunto o solo uno de ellos.

La meta fiscal implica que este año debería reducirse el rojo primario desde el 3% del Producto con que finalizó el 2021 hasta 2,5% del PBI, con un camino descendente que lleve al equilibrio en las cuentas públicas -antes de contar el pago de vencimientos de deuda- a cero hacia 2025.

Las reuniones de los próximos días apuntarán a terminar con la distancia entre ambas partes sobre algunos de los temas que orbitan al programa económico incluido en el acuerdo, como el sendero de tarifas y subsidios, la inflación, el tipo de cambio, el refuerzo de reservas en el Banco Central, los préstamos de otros organismos bilaterales para financiar gasto público y “resiliencia” en el frente cambiario y las revisiones trimestrales por parte del staff del organismo.

Una vez completado ese paso, que se estima para los próximos días pero que podría extenderse hasta fines de febrero según el primer diagnóstico del equipo económico, llegará el momento de la oficialización del memorándum de entendimiento, que llevará las firmas del ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce, junto con el de la directora gerenta del organismo Kristalina Georgieva.

El memorándum tendrá dos destinos, a la busca de su aprobación definitiva. El tradicional es el directorio del Fondo Monetario, que siempre tiene la última palabra para respaldar un acuerdo de este tipo con un país miembro. El segundo, una novedad para las históricas negociaciones argentinas con el FMI, es que deberá contar con el aval del Congreso, un paso que fue impulsado por el propio Guzmán y que ahora le trae dolores de cabeza al oficialismo.

El resultado de la primera parte de la negociación terminó con la renuncia sonora de Máximo Kirchner a la jefatura del Frente de Todos en la cámara baja y puso en tela de juicio la capacidad de la coalición de Gobierno para aprobar el plan plurianual que Guzmán envíe el parlamento. Para que no le suceda al Poder Ejecutivo lo mismo que a fines de enero, cuando aceleró las tratativas sobre la hora antes de un vencimiento de deuda con el FMI, hay una ventana de tiempo de cinco semanas para completar todo el proceso antes de que esa obligación de pago pise los talones.