Pese a que es una obligación legal, el 10% de los funcionarios del gobierno nacional, policía federal y universidades públicas todavía no presentó sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al año 2016, en la Oficina Anticorrupción (OA). Los plazos están vencidos y el organismo que conduce Laura Alonso dio a conocer el listado de incumplidores, entre los que se destacan los embajadores José Octavio Bordón (Chile), Ramón Puerta (España), Normando Alvarez García (Bolivia) y Mariano Caucino (Israel).

Hubo 5.424 funcionarios que no presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales, sobre 53.652 que tenían la obligación de hacerlo antes del 19 de junio, cuando cerró este informe la Oficina Anticorrupción. De ese total, hubo 3.131 funcionarios que el organismo califica como "incumplidores", pues no presentaron nada sobre su situación patrimonial, entre los que figuran los cuatro embajadores.

De iniciarse acciones judiciales, esos "incumplidores" podrían ser pasibles de penas que van de 15 días a 2 años de prisión, por omisión de la presentación de la declaración jurada, según establece el Código Penal. De hecho, la Oficina Anticorrupción presentó la semana pasada denuncias penales contra varios funcionarios del PAMI por no haber presentado sus declaraciones juradas de 2016, entre los que se destacan John Rodríguez Canosa, Lucas Zeballos y María Rosa Pérez.

Hubo otros 2.293 funcionarios que "no han cumplido una parte" de su obligación, ya que enviaron su declaración jurada a la AFIP, pero no lo hicieron ante la Oficina Anticorrupción, donde debían incluir un "anexo reservado" sobre sus patrimonios, dijo una fuente de la OA. En esta situación se encuentra el embajador en Brasil, Carlos Magariños, así como muchos empleados jerárquicos de fuerzas de seguridad y universidades públicas. Por ejemplo, figuran Miriam Lunello, vicedirectora de la Universidad de Cuyo, y Osmar Guillermo Martens, jefe de Operatoria de Fronteras de Gendarmería.

"Hay que remarcar que todos los ministros, secretarios y subsecretarios han cumplido con su obligación de presentar la DDJJ 2016 ante la OA", dijo Laura Alonso desde su cuenta de Twitter. Y agregó: "Antes de la próxima presentación de DDJJ del PEN se hace un nuevo corte de control. Subió el cumplimiento general, pero todavía falta para llegar al 100%".

Es que en octubre de 2017 el nivel de incumplidores se situaba en el 17,3% de los funcionarios, bajando ese porcentaje al 10,1% al 19 de junio de este año. De todos modos, que 48.106 personas hayan cumplido con su obligación legal, no significa que sus papeles estén en orden. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con Eduardo Martelli, secretario de Modernización Administrativa, que fue intimado para que aclare su situación, ya que figura en los Panama Papers como dueño y administrador de una sociedad offshore, pese a que ese dato no estaba en su declaración jurada.

En 2016, la Oficina Anticorrupción presentó 126 denuncias penales contra funcionarios por no presentar sus declaraciones juradas. Al año siguiente presentó 120. Y este año fueron 17 denuncias. Una fuente del organismo oficial contó que el mecanismo tiene tres pasos: primero se intima al incumplidor, luego se le retiene el 20% de su sueldo mensual y, finalmente, "se presenta una denuncia penal".

A la vez, la OA prorrogó un mes, hasta el 31 de agosto, el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas del año 2017, ya que tienen hasta el 31 de julio para presentarlas ante la AFIP y luego deben enviarlas, con el anexo reservado, a la Oficina Anticorrupción.