El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, estableció la recompensa de 1.500.000 pesos a distribuir entre aquellas personas que aporten datos útiles, relevantes y decisivos al esclarecimiento de los hechos vinculados a los ataques perpetrados este martes contra dos inmuebles que pertenecieron al juez Ismael Manfrín en la ciudad de Rosario.

La investigación de la causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional de la Circunscripción Judicial Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), integrada por Natalia Benvenuto y Valeria Pedrana.

La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en la sede del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de la ciudad de Rosario, ubicado en calle Corrientes 2114. Este organismo de inmediato dará conocimiento a la dirección Provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“En la provincia de Santa Fe la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado y todo lo que podamos hacer para esclarecer este hecho lo haremos. El ataque a ambos domicilios fue la reacción ante la última estructura de defensa que tiene el crimen organizado que hoy se está viendo acosado y cercado. Por eso, desde el gobierno provincial ofrecemos esta recompensa para poder llegar a fondo con este hecho y demostrarles que no nos van a amedrentar”, aseguró Silberstein.

Conjuntamente, el funcionario provincial destacó que “con estos actos violentos no van a frenar a ningún poder del Estado” y señaló que “la firme decisión del gobernador es seguir avanzando contra el narcotráfico y el crimen organizado y por tal motivo se trabaja en conjunto con el Gobierno Nacional, la Justicia Federal y Provincial”.

La resolución firmada por ministro Silberstein aclara que la identidad de quienes brinden información y de quienes resulten adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o el proceso judicial. Además, se destaca que el pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del MPA y de la dirección Provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos en relación al mérito de la misma.

El ofrecimiento de recompensa está previsto en la ley provincial Nº 13.494. En este caso la cartera de Justicia y Derechos Humanos, tras analizar los informes remitidos por las fiscales, valoró que se trata de un caso de gravedad social y estima conveniente y oportuno acceder a lo solicitado, reiterando su más enérgico repudio en relación a los graves acontecimientos referidos y su absoluto respaldo a los magistrados y funcionarios que se involucran en la investigación de todo tipo de delitos, fundamentalmente aquellos que se encuentran vinculados a la criminalidad organizada.