Por orden de la Justicia santafesina, un hombre y su hijo deberán irse de su pueblo tras haber sido imputados como autores de una grave amenaza con arma de fuego que sufrió la presidenta comunal de Loma Alta, una pequeña localidad de 300 habitantes ubicada en el extremo noroeste del departamento San Jerónimo.

La medida fue resuelta esta mañana en la Sala 4 de los tribunales penales de Santa Fe y estuvo a cargo del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Candioti. El magistrado rechazó el pedido de la Fiscalía para que los acusados, Edgardo (54) y Lucas Appendino (25), permanezcan en prisión hasta que llegue el juicio.

A pesar de que el hecho revistió una gravedad institucional muy grande, el juez resolvió que los dos productores agropecuarios se vayan de la Comuna y a su vez tengan prohibido el ingreso a la misma mientras dure el proceso penal que los tiene involucrados.

Las causas del "destierro"

Los dos acusados llegaron al estrado judicial el sábado pasado tras ser detenidos por agentes del Comando Radioeléctrico el viernes 27. Ambos fueron imputados por "coacción a un funcionario del Estado agravada por el uso de arma de fuego" tras ser sindicados como quienes ingresaron a la sede comunal en forma violenta el pasado jueves y a los gritos pidieron hablar con la presidenta, Natalia Alderete.

Según la acusación de la Fiscalía, los Appendino ingresaron al despacho de Alderete y uno de ellos le apuntó con un revólver calibre 32 –se lo colocó en el pecho– y le manifestó: "Quedate piola porque sino te van a pegar un tiro". Posteriormente salieron de la oficina y cruzaron a la secretaria de la presidenta –embarazada de siete meses–, a la cual también la empujaron. Fuera de la sede comunal, según el relato de testigos, increparon al tesorero y le dijeron que no diga nada.

La causa que desencadenó en la amenaza a la funcionaria habría surgido en base a que los dos productores fueron intimados el pasado 10 de abril a que abonen la tasa inmobiliaria rural. Ello disgustó a los dos imputados y causó su violento accionar.

Libres pero fuera del pueblo

En la audiencia celebrada en la Sala 4 de tribunales, el fiscal Carlos Lacuadra –del departamento San Jerónimo– solicitó la medida cautelar de prisión preventiva ya que consideró que varios de los testigos del hecho se encuentran atemorizados por el suceso.

También indicó que la víctima, Alderete, tiene una relación particular con los dos imputados: viven al lado de su casa. En este sentido, el fiscal Lacuadra sostuvo que podría ver entorpecido el proceso judicial, por lo cual pidió que permanezcan en la prisión de manera preventiva.

En contraposición, la defensa de los productores –que durante el debate permanecieron callados–, a cargo de Sergio Saucedo, rechazó la cautelar propuesta por el fiscal. En su fundamento, expuso ante el juez Candioti que hasta el momento la causa solo se vale por el testimonio de la víctima y que por eso nadie vio si realmente fue amenazada la presidenta comunal con un arma de fuego.

En torno al arma reiteró –y coincidió con Lacuadra– con que la misma no estaba apta para el disparo. Así lo reveló el peritaje balístico realizado por la policía tras el secuestro de la misma, luego de que efectivos policiales requisen la vivienda de los dos imputados.

Por último y para hacer destacar su buena conducta, Saucedo indicó que ninguno de los dos acusados tiene antecedentes penales, aunque resaltó que sobre Edgardo pesa un accidente de tránsito culposo.

El juez Candioti resolvió finalmente que ni el padre ni el hijo vayan a la cárcel de manera preventiva, pero sí les impuso medidas alternativas: constituir un nuevo domicilio; prohibición de ingreso a la localidad; presentarse cada quince días en la comisaría más cercana; quedar al cuidado de una guardadora –en este caso la esposa–, y abonar una fianza de 100.000 pesos cada uno