Luego de una investigación que llevó varios meses, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) logró desbaratar una usina de facturas electrónicas apócrifas. El uso de las mismas habría posibilitado la evasión de más de noventa millones de pesos.

La pesquisa además detectó que Santa Fe y Mendoza fueron las localidades en donde este tipo de facturas fueron mayormente utilizadas.

Los agentes de la Afip detectaron que una serie de contribuyentes aparentaba solvencia pero sin tener la suficiente capacidad económica para justificar sus ventas. Por ejemplo, un solo contribuyente estaba inscripto en 15 actividades económicas a la vez.

Esta situación despertó sospecha, por lo cual el ente controlador solicitó al juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, la orden de allanamientos para inspeccionar estudios contables, empresas y domicilios particulares.

El pedido de allanamiento fue a raíz de que los investigadores lograron encontrar a quienes realizaban el ardid delictivo a través de la IP de cada computadora desde donde "se facturó".

Según trascendió, la mayoría que practicaba esta maniobra eran productores y proveedores de insumos de actividades agropecuarias, aunque también había de otros rubros comerciales.

"Esta organización, de las que participaron al menos 30 personas, facturó por más de $300 millones solo durante el año 2016", informaron desde el ente