Si bien el fallo del tribunal de alzada, que lleva la firma del juez Roberto Reyes, ordenó que continúen tras las rejas de manera preventiva, al existir riesgos de "entorpecimiento probatorio", el magistrado le puso un límite a los fiscales ya que determinó el plazo de un mes para que la investigación cierre y la causa sea elevada a juicio oral y público.
 

De lo contrario se podría ordenar la liberación de manera inmediata.
 

"Estima este Tribunal que el MPA debe agilizar los tiempos y completar la investigación, para lo cual se considera prudencial el plazo de un mes a partir de la fecha de esta resolución, transcurrido el cual, si el Fiscal no solicita la elevación de la causa a juicio, las cautelares cesarán de pleno derecho", sostiene el dictamen emitido el pasado 16 de marzo. La medida hizo lugar al pedido de la Fiscalía que solicitó que se ratifiquen los dos fallos judiciales que ordenaron la prisión preventiva en el mes de enero pasado.
 

Habían pedido la libertad
 

La apelación de los dos imputados fue a principios de marzo y estuvo a cargo de los defensores particulares, Eduardo Jauchen y Germán Corazza por Lucila G. –empleada de la agencia–, y Abel Bay por Miguel C. –acusado de ser socio de Marcela A., la titular de la agencia.
 

Dentro de los cuestionamientos esgrimidos ante el juez Reyes, Bay pidió la nulidad de los procedimientos efectuados. En la misma sintonía, Jauchen solicitó lo mismo para Lucila G. y aseguró que no existen elementos que acrediten que su defendida actuó con "dolo directo" ante los clientes que contrataban paquetes de viajes.

 

Un caso que sacudió el verano
 

La causa tiene a cinco personas imputadas por los delitos de estafas reiteradas y alteración de documentos privados. De esas cinco, cuatro se encuentran detenidas con prisión preventiva: Lucila G., quien oficiaba como empleada de la empresa; Miguel C., sindicado como socio de la agencia; Noelia A. F., representante técnica de la agencia; Marcela A., quien era la propietaria; y Ana F., la cual era la titular registral del inmueble.
 

Todos terminaron involucrados en la causa luego de que el 2 de enero un grupo amplio de clientes se concentraron en las afueras del local tras informarse de que sus respectivos viajes no iban a realizarse, debido a que la empresa había presentado el concurso de quiebra en los últimos días del 2016.

En ese entonces, la Policía de Investigaciones (PDI) inició una pesquisa bajo la conducción del fiscal De Pedro, el cual llevó a los estrados judiciales a quienes estaban al frente de la agencia.

Posteriormente, fueron presentándose en Fiscalía más damnificados, los cuales llegaron a 87 grupos de personas.