Se trata de la adolescente que el domingo pasado fue asistida junto a su bebé en el Hospital Alassia tras ser agredida por su pareja de 20 años.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Eduardo Pocoví otorgó el viernes la libertad con alternativas a Tomas Santiago Gómez (20), acusado de agredir a la madre de su hijo recién nacido. Fiscalía solicitó la urgente intervención de la Subsecretaría de la Niñez al resguardo de la adolescente de 13 años por su integridad física y la gravedad de la situación. Este viernes, el equipo interdisciplinario del organismo se reunió con referentes del municipio para decidir su situación y custodia en los domicilios de los damnificados.

Ante una serie de denuncias por amenazas, la fiscal de la Unidad de Violencia Familiar Gabriela Arri pidió el monitoreo del municipio y que se le otorgue un botón de alerta para su custodia. Desde la Subsecretaría de la Niñez confirmaron a este medio que la joven mamá y su hijo permanecerán con sus familiares “porque es el ámbito de contención”.

El caso

Eran aproximadamente las 17 horas del domingo 5 de marzo y Soraya cruzó la puerta de un consultorio de urgencia del Hospital de Niños. No iba por un cuadro clínico como los otros infantes que esperaban con sus padres para ser atendidos. Iba con su rostro inflamado y su bebé de 45 días a que le constaten lesiones tras una discusión de pareja ocurrida en una vivienda de Avellaneda al 4800 donde vivía con su familia paterna y el muchacho.

Si bien el médico de turno que la revisó indicó lesiones leves, la chica seguramente tenía quebrada la moral porque la vean de esa manera. Su imagen quedó grabada en varios de los agentes que estaban de turno en el hospital e incluso algunos de ellos no comprendieron por qué no la dejaron internada al resguardo de la institución hasta que se aclarase lo sucedido. Lo cierto es que dos días después el agresor (y padre del bebé) se presentó espontáneamente a la policía.

Por entonces, Osvaldo González Carrillo, director del Hospital de Niños, dijo por LT10 que "por las lesiones leves, la niña no quedó internada. De igual manera dimos intervención a la Subsecretaría de la Niñez". Como se encontraba en turno, la fiscal Yanina Tolosa se hizo eco de la situación y, más allá del informe médico, ordenó a la Subsecretaría de la Niñez un informe ambiental del domicilio y la identificación del imputado (quien por entonces estaba desaparecido).

La pequeña y su bebé quedaron al cuidado de su familia paterna.
Al ser detenido el miércoles pasado, tomó el caso la fiscal Carolina Parodi. La representante del Ministerio Público le atribuyó a Tomas Santiago Gómez (20) haber “amenazando con un cuchillo a su pareja diciéndole que si ella se iba la mataba. Esto dentro del marco de una situación e violencia de género, con agresiones físicas y psicológicas”. La calificación jurídico penal fue de amenazas coactivas calificadas por uso de arma blanca (artículo 149 inc. 1 del Código Penal).

Bajo la defensa del abogado Ignacio Alfonso, el imputado ejerció su derecho a declarar en audiencia. “La situación no fue así porque yo no tenía un cuchillo”, dijo al magistrado. Según fuentes del caso, la discusión se habría originado por un distanciamiento que había en la pareja y el pedido del hombre para ver al hijo en común. En la entrevista del psicólogo de la Subsecretaría de la Niñez la versión fue otra; incluso desde la apariencia de la chica contraria al esquema médico.

Pese a que la fiscalía se valió de medidas de prueba como el acta de procedimiento, la declaración testimonial de los padres de la chica y el informe de la Niñez, el juez Eduardo Pocoví le otorgó al imputado la libertad bajo una serie de restricciones tales como: la prohibición de acercamiento de cualquier tipo y comunicación bajo cualquier medio; quedar al cuidado de un familiar y quedar sujeto al decisorio de los Tribunales de Familia en cuanto a lo relacionado a su hijo.

Otra fuente directa del caso se mostró muy preocupada por el futuro de la madre joven. “Son casos que involucran a su propia familia y demuestran la falta de presencia del Estado”, dijo a este medio. Ahora, el monitoreo de la situación de la adolescente de 13 años y su bebé recién nacido quedó en manos del Centro de Monitoreo del Gobierno de la Ciudad y la Subsecretaría de la Niñez quienes además deberán garantizarle derechos a ambos. La custodia será permanente en un caso que preocupa mucho a todos los actores.