La oposición, por su parte, aseguró que el número de muertos podría superar los 50, mientras que el gobierno confirmó "varios muertos" sin proporcionar ninguna cifra.

 

Según aseguraron testigos a la agencia de noticias EFE, los incidentes se iniciaron en la localidad de Bishoftu, a unos 40 kilómetros de la capital, cuando una multitud empezó a protestar en medio de la Irrecha, la gran ceremonia anual de los Oromo, el mayor grupo étnico del país que lleva meses denunciando persecuciones injustificadas por las autoridades etíopes.

 

Un activista que se encontraba en el lugar de los hechos y que prefirió mantener el anonimato dijo que la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, lo que provocó el pánico entre la multitud.

 

"La gente empezó a correr y algunos cayeron en zanjas de unos 15 metros de profundidad. Otros cayeron unos encima de otros, lo que empeoró la situación", relató este testigo, que aseguró que al menos una veintena de personas murieron en el acto.

 

Otros testigos citados por la prensa internacional contaron que cuando la policía disparó gases lacrimógenos y armas de fuego, una multitud huyó y creó una estampida, algunos de ellos quedaron sumergidos en una zanja profunda.

 

"Como resultado del caos, se perdieron vidas y varios de los heridos fueron trasladados al hospital", informó el gobierno en un comunicado que no brinda cifras. "Los responsables se enfrentarán a la justicia", aseguró la nota oficial. 

 

Por su parte, el partido opositor más importante en la región, el Congreso Federalista Oromo (OFC), criticó la actuación policial y aseguró que podrían haber más de cincuenta muertos.

 

Desde noviembre de 2015, Etiopía registra una ola de protestas sin precedentes por todo el país y más de 500 personas murieron como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad en las regiones de Oromia, en el centro sur del país, Amhara, en el norte, y Konso, en el sur.

 

El primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, anunció recientemente que su gobierno había ordenado al Ejército y al resto de fuerzas de seguridad que "tomen todas las medidas necesarias para restaurar la paz y el orden". 

 

La situación de la etnia oromo tomó transcendencia internacional cuando el maratonista etíope Feyisa Lilesa, denunció públicamente tras la ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro la represión sistemática del gobierno de su país. 

 

Castigada por más de 30 años por el gobierno de los amhara, una minoría que dirige Etiopía desde el proceso de descolonización, los oromo están organizados en los últimos años en diferentes frentes separatistas que luchan por la independencia de la región. 

 

Esta área montañosa ocupa, principalmente, el sur de Etiopía con una población de 20 millones de habitantes con una cultura y un idioma propio que, después de muchas reivindicaciones, desde 1992, se estudia en las escuelas de la zona.

 

Pero la Oromia es una parte del botín disputado y codiciado por las autoridades. Por allí se extienden ríos que abastecen al Cuerno de África con energía hidroeléctrica, se produce un 80% de las exportaciones de café etíope, es rica en oro, mármol, platino, níquel y hierro y se cría el 75% del ganado de África oriental. 

 

Excluidos del proceso político y económico, los oromo asumen su lucha en las calles desde fin del 2015 contra la "persecución injustificada" de las autoridades, originada tras aprobarse un plan urbanístico para expandir la capital Adis Abeba, lo que puso en peligro los cultivos de este pueblo agrícola y seminómada. 

 

Durante las protestas hubo más de 400 muertos, según denunció el Congreso Federalista Oromo - un partido opositor que defiende sus derechos- y validó la ONG internacional Human Rights Watch. 

 

Aunque el régimen autoritario del primer ministro Haile Mariam Dessalegn -sucesor de Meles Zenawi Asresy con mayoría parlamentaria- canceló el plan urbanístico, la represión y las protestas continuaron.

 

El punto culminante más reciente fue el 8 de agosto pasado en una nueva manifestación contra la persecución al movimiento independentista. Hubo 104 muertos y otro tanto de heridos por la represión del gobierno que practicó un ilimitado uso de la fuerza y los acusó de cometer "actos terroristas".