Tras una semana de fortísimos cruces, Nación y provincia siguen lejos de acordar un plan conjunto de seguridad para Santa Fe. La negociación está trabada por la polémica cláusula sexta, que incluye una auditoría en comisarías para conocer la situación de la policía santafesina y los casos de corrupción que la salpican, y el estado de las investigaciones que lleva adelante. La propuesta del PRO exige la realización de test psicológicos y toxicológicos a los uniformados provinciales, aunque podría eliminarse. En cambio, no hay mención a la cantidad de miembros de las fuerzas federales que desembarcarán en el territorio santafesino, sus metas y controles.

La escalada del conflicto entre la Casa Rosada y la Gobernación, llevó a macristas y socialistas a buscar un canal de diálogo equidistante: la Unión Cívica Radical (UCR). Sucede que los radicales son aliados del PS en el Frente Progresista de Santa Fe y del PRO en Cambiemos a nivel nacional (ver aparte).

La disputa tuvo un pico de tensión entre jueves y viernes. Arrancó con la durísima declaración de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien acusó al gobernador Miguel Lifschitz de no tener "vocación para depurar la policía de Santa Fe".

El gobernador recogió el guante y denunció intentos de "desestabilización" contra su gestión fogoneados por los servicios de inteligencia a nivel nacional.

La situación mejoró un poco ayer en Rufino, cuando Lifschitz se encontró con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para compartir anuncios de obras e infraestructura. Hubo guiños y menos tensión política (ver página 6).

Mañana, desde las 15, en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri y Lifschitz se reunirán a solas y buscarán acordar un plan conjunto de seguridad para Santa Fe, dejando de lado los mutuos cuestionamientos.

Según pudo saber LaCapital , el acuerdo todavía está lejos de ser rubricado. Pero hubo un leve acercamiento que podría potenciarse hasta minutos antes de la cumbre en Balcarce 50.

Polémica. La traba gira en torno a la cláusula sexta del convenio que elaboró el Ministerio de Seguridad de la Nación. El texto fue calificado por la provincia como una intervención federal de la policía de Santa Fe que vulnera principios constitucionales.

El artículo establece que Nación y provincia "se comprometen en el plazo de tres meses a realizar una evaluación pormenorizada de la situación de seguridad en Santa Fe y efectuar recomendaciones" para el operativo conjunto.

Luego enumera los indicadores a relevar para evaluar el desempeño de la policía y el Servicio Penitenciario de Santa Fe: despliegue operativo de efectivos policiales, estado de las comunicaciones y logística, análisis y trazabilidad de los llamados del sistema 911, sistema provincial de videovigilancia y elementos de prevención.

El párrafo más controvertido menciona la realización de auditorías en comisarías "orientadas a determinar el estado de las comunicaciones; informática; situación de los efectivos; cantidad de sumariados, motivos de los sumarios, causas judiciales pendientes, cantidad de deserciones, motivos de las bajas y su relación con el narcotráfico y la corrupción, efectivos condenados por narcotráfico y corrupción".

Más adelante, el convenio contempla la "evaluación del área de Asuntos Internos y de Análisis e Investigación Criminal". Y promueve la realización de "auditoría aleatoria de investigaciones realizadas por el personal policial y resultados de las mismas".

Finalmente, habilita la "realización de test psicofísicos y toxicológicos" a los integrantes de la policía y el Servicio Penitenciario. De todos modos, desde ambas administraciones confiaron que este punto se eliminaría del acta.

Respuesta. "El tono de la cláusula sexta es de una intervención de la policía más que de un intento por mejorar la seguridad en Santa Fe", dijeron desde la Casa Gris. "Y no hay una sola mención a la cantidad de fuerzas federales que vendrán, sus metas y controles", agregaron.

Además, remarcaron: "Parte de la información que saldrá de las auditorías ya es pública, está en la memoria de la Secretaría de Control Policial, pero dejarla en evidencia frente a otras provincias con indicadores similares que nadie conoce parece una provocación".

Puntos en conflicto
Policía provincial

• Despliegue operativo de efectivos policiales

• Estado de las comunicaciones y logística

• Análisis y trazabilidad de los llamados del sistema 911

• Sistema provincial de videovigilancia

• Elementos de prevención

• Realización de auditorías en comisarías orientadas a determinar: estado de las comunicaciones; informática ; situación de los efectivos; cantidad de sumariados , motivos de los sumarios, causas judiciales pendientes , cantidad de deserciones, motivos de las bajas y su relación con el narcotráfico y la corrupción, efectivos condenados por narcotráfico y corrupción

• Evaluación del área de Asuntos Internos