El fiscal Roberto Apullán, quien investiga una seria denuncia por corrupción en la reparación y mantenimientos de patrulleros en la policía policial, habló esta mañana sobre el caso, y dijo que uno de los objetivos de la pesquisa es establecer "si se trataron de maniobras aisladas en contra de la administración pública o si hay detrás una asociación ilícita".•LEER MÁS: Sólo en un mes se pagaron $105 mil por servicios no hechos a vehículos policiales El funcionario judicial recordó hoy que el caso tomó trascendencia en Tribunales "con una denuncia anónima que dejaron en el Ministerio de Seguridad. Este organismo en forma inmediata puso en conocimiento de este asunto al Ministerio Público de la Acusación. En virtud del contenido de la denuncia, se empezaron a disponer diversas medidas con el fin primario de asegurar elementos para dilucidar si esas maniobras existieron o no y cuáles son los niveles de responsabilidad penal sobre las mismas". Apullán afirmó que la en denuncia "se describía una maniobra que consistía en hacer reparaciones o cambios de repuestos en móviles policiales en el ámbito del Departamento de Logística de la Jefatura de la provincia, y se manifiesta el caso de 10 móviles policiales, con personal policial y negocios particulares".

El fiscal agregó que "en virtud de eso se dispusieron allanamientos y el secuestro y peritaje de los móviles policiales. Ahora estamos esperando los resultados de esos estudios para analizar si existieron realmente maniobras defraudatoria. Una vez que lleguemos a la conclusión de que existieron delitos, se analizará los niveles de responsabilidades penales al respecto". El funcionario dijo a LT3 que "en principio se estaría ante una defraudación contra la administración pública. La denuncia plantea que estas maniobras se venían realizando en los últimos años. No da una fecha precisa y nosotros en el ámbito de la investigación aún no pudimos determinar desde cuándo se iniciaron. Por ahora investigamos los delitos de base, es decir maniobras defraudatoria. Si acreditamos eso, también es objeto de análisis si había una asociación ilícita o si eran maniobras individuales o alistadas. Para llegar a la conclusión de que había una asociación ilícita, tengo que acreditar que hubo una habitualidad en esa mecánica de delito y si hubo un organizador y otros integrantes. Si llegamos a comprobar ésto, obviamente se trataría de una asociación ilícita en perjuicio del Estado".

En ese sentido, Apullán destacó que "no es lo mismo hablar de actos aislados de defraudación a la administración pública que hablar de una asociación ilícita. Si habláramos de esto último, la situación penal de los involucrados se complicaría porque estamos frente a una organización y el tipo penal plantea escalas más graves en la sanción".