La transformación que atraviesa el transporte urbano a partir del arribo de las aplicaciones de viajes urbanos abrió una discusión que excede la competencia entre taxis y estos nuevos servicios. Semanas atrás, y a cuenta de que la Asociación de Mujeres Conductoras (AMC) llevó al Concejo Municipal un proyecto para fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género en los ámbitos vinculados a la prestación de servicios públicos, la inquietud puso de relieve una realidad: que las personas trabajando en las aplicaciones no tienen el requerimiento de este tipo de formación, presentando un potencial peligro para quienes se suben a esos autos.

El emergente de una discusión pendiente

La alerta y el debate surgió de otra iniciativa que propone que todas las empresas, cooperativas, concesionarias y personas físicas o jurídicas que mantengan vínculos contractuales con la Municipalidad adhieran obligatoriamente al Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública Municipal, una herramienta vigente desde 2020 para las dependencias municipales y que la organización busca extender a quienes trabajan para el Estado local.

Las conductoras proponen capacitaciones obligatorias y periódicas para quienes trasladan pasajeros en Rosario.

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Ese expediente fue presentado por la AMC y este año sus representantes expusieron la propuesta ante la comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos del Concejo, donde además plantearon la necesidad de incorporar capacitaciones específicas para quienes se desempeñan en empresas vinculadas al municipio. En esa reunión explicaron que dieron forma al proyecto después de acompañar a una trabajadora de una empresa concesionaria del transporte que atravesó una situación de violencia de género y que, de acuerdo con la organización, no encontró una respuesta institucional inmediata.

Para Stella Maris Ubal, integrante de la Asociación de Mujeres Conductoras, Rosario avanzó al incorporar contenidos de género y diversidad dentro de la formación exigida para obtener la licencia profesional. Sin embargo, considera que el desafío ahora es que esas herramientas no queden limitadas a una instancia inicial. "Es necesario mantener capacitaciones periódicas y de actualización. También evaluar el impacto real de la formación sobre las prácticas cotidianas y fortalecer la aplicación de los protocolos frente a situaciones de violencia, discriminación o acoso", señaló.

Actualmente, la capacitación para conductores profesionales reúne contenidos técnicos —como legislación, movilidad, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios— con módulos vinculados a género, diversidad, discapacidad, infancias y personas mayores.

Según explicó Ubal, esa formación apunta a profesionalizar el servicio y brindar herramientas para actuar ante emergencias, prevenir situaciones de discriminación y ofrecer una atención adecuada a pasajeros con distintas necesidades.

Por ese motivo, la asociación también propone que las capacitaciones sean presenciales, periódicas y verificables, y que acreditar su realización sea un requisito obligatorio en cada renovación de la licencia profesional.

 

Un debate pendiente

Aunque el proyecto presentado en el Concejo no menciona a Uber ni a DiDi, desde la asociación aprovecharon la oportunidad para hablar de otra preocupación: las exigencias mínimas deberían cumplir todas las personas que trasladan pasajeros a través de estos servicios.

El planteo no se limita a la formación técnica. Para las conductoras organizadas, la capacitación en perspectiva de género constituye una herramienta de prevención que permite reconocer situaciones de violencia o discriminación, actuar de manera adecuada ante episodios de acoso, conocer los canales institucionales de derivación y brindar una atención respetuosa a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la AMC sostienen que esas competencias hoy forman parte de las obligaciones del sistema regulado de taxis, mientras que quienes realizan viajes mediante plataformas que operan por fuera del esquema municipal no están alcanzados por los mismos requisitos de habilitación profesional. En consecuencia, el municipio tampoco puede exigir ni verificar que hayan recibido formación específica para prevenir, detectar o intervenir ante situaciones de violencia por motivos de género.

Mientras el expediente inicial sobre empresas con contrato con la Municipalidad continúa su recorrido legislativo, la discusión abre un interrogante que gana peso en un escenario donde conviven modalidades tradicionales y nuevas formas de contratación de viajes: cómo garantizar condiciones comunes de prevención, actuación y cuidado para quienes trabajan y para quienes utilizan el transporte urbano, más allá de la plataforma desde la que se solicite un viaje.