La política impulsada por el Gobierno de Santa Fe para que las familias de los responsables de falsas amenazas a escuelas afronten el costo de los operativos de seguridad sumó resultados. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que ya fueron notificadas 60 familias en distintos puntos del territorio santafesino y que seis de ellas abonaron la totalidad de los montos reclamados, por un valor cercano a los 10 millones de pesos.

La medida fue implementada en medio de una escalada de amenazas de bomba e intimidaciones contra establecimientos educativos que obligaban a evacuar escuelas y desplegar importantes operativos policiales y de emergencia. Según el Gobierno provincial, desde que comenzaron las intimaciones se registró una marcada disminución de estos episodios.

Durante una entrevista en el programa Ahora Vengo, de AIRE, Cococcioni explicó cómo avanza el proceso de recupero de los gastos ocasionados por cada falsa denuncia y anticipó que quienes no regularicen su situación podrán enfrentar acciones judiciales.

Santa Fe ya intimó a 60 familias por falsas amenazas a escuelas

El ministro recordó que el procedimiento comienza una vez que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifica al autor de la amenaza. "Más allá de que el autor sea menor o mayor, cuando hay una identificación positiva, el MPA lo comunica al Ministerio de Seguridad", explicó.

El Gobierno sostiene que la medida contribuyó a reducir las amenazas e intimidaciones en establecimientos educativos.

A partir de esa información, el área Legal y Técnica del ministerio solicita a la Jefatura de Policía el detalle de los recursos utilizados durante el operativo. Con esos informes, la Provincia calcula el costo de la intervención y envía una intimación de pago a la familia del responsable.

Seis familias ya abonaron cerca de $10 millones por los operativos de seguridad desplegados.

Las notificaciones, aclaró Cococcioni, se fueron enviando de manera progresiva conforme avanzaban las investigaciones y la determinación de los costos de cada procedimiento.

Seis familias ya pagaron y otras negocian cómo cancelar la deuda

El avance más significativo respecto de las cifras difundidas semanas atrás es el incremento en la cantidad de familias que efectivamente abonaron las intimaciones. "Hay unas seis familias que pagaron todo", confirmó el ministro, quien precisó que entre esos casos la Provincia recuperó una cifra cercana a los 10 millones de pesos.

Además, indicó que existen otras familias que iniciaron conversaciones con el Ministerio de Seguridad para acordar modalidades de pago o solicitar reducciones en los montos.

"Hay unas cuantas consultando sobre quita, negociando. Hay que dar la oportunidad si alguien quiere repararlo", sostuvo. En cambio, quienes no respondan a las intimaciones serán derivados nuevamente al Ministerio Público de la Acusación para avanzar con las acciones correspondientes.

Los operativos pueden costar millones de pesos

El monto que debe afrontar cada familia no es fijo, ya que depende del despliegue que demandó la amenaza. En algunos casos basta con una intervención policial limitada, mientras que en otros resulta necesario evacuar completamente el establecimiento, convocar a la Brigada de Explosivos y destinar recursos extraordinarios durante varias horas.

"En algunos casos hubo que requisar la escuela entera con la Brigada de Explosivos. Hay gastos que son mayores y amenazas que ameritan un despliegue policial mayor", explicó Cococcioni.

Algunos procedimientos llegaron a superar los 6 millones de pesos, dependiendo de la magnitud del operativo.

El Gobierno sostiene que la medida ayudó a reducir las amenazas

Cuando la Provincia anunció esta política, había enviado cerca de 40 intimaciones y registrado un solo pago. Desde entonces, el número de notificaciones aumentó a 60 y ya son seis las familias que cancelaron completamente la deuda.

Paralelamente, desde la Casa Gris aseguran que la estrategia comenzó a reflejarse en una fuerte caída de las falsas amenazas contra establecimientos educativos, un fenómeno que se había intensificado tras el crimen de un estudiante ocurrido en una escuela de San Cristóbal.

Para el Gobierno provincial, trasladar a los responsables el costo de los operativos no solo permite recuperar recursos públicos, sino también desalentar conductas que afectan el funcionamiento de las escuelas y obligan a movilizar efectivos policiales, personal sanitario y equipos especializados.

"Es un recupero de gastos para no tener que cobrar indirectamente a los santafesinos por vía de impuestos", concluyó Cococcioni.