Un tribunal de la Cámara de Apelaciones revisará la condena por homicidio culposo en accidente de tránsito, ocurrido luego de una fiesta de Navidad en 2020, en la ruta nacional 168 en Colastiné.

La defensa de Francisco Sánchez, a cargo de los abogados defensores Martín Montegrosso y Mariano Herrera, intentarán revocar la condena a tres años de prisión de ejecución condicional impuesta a través de un inédito juicio oral y público que sólo contó con acusación privada ya que la Fiscalía había archivado las actuaciones.

La revisión de la sentencia estará a cargo del juez de la Cámara de Apelaciones, Alejandro Tizón, y se realizará los primeros días de marzo. En tanto, el abogado querellante y único acusador, Juan José Patiño, buscará la confirmación de la sentencia a Sánchez.

Buscará la absolución

Entre los argumentos presentados en el escrito de apelación, y que los defensores ampliarán en la audiencia fijada para el 5 de marzo a partir de las 8:30, los abogados sostienen que el juez que condenó a Sánchez, Lisando Aguirre, ignoró pruebas y testimonios claves.

La defensa de Sánchez insiste en que fue la propia víctima, Luciano Nicola, quien puso en riesgo su vida al caminar por el carril rápido de una autopista nacional, una conducta que califican como "suicida" y no meramente "descuidada"; en este sentido, argumentan que no se le puede exigir a un conductor prever la presencia de un peatón en ese lugar. Además, remarcan que Sánchez circulaba a velocidad reglamentaria y que una camioneta que iba adelante le bloqueaba la visión, impidiéndole reaccionar a tiempo.

En este sentido, los abogados defensores sostienen que el juez descartó la lógica y la experiencia de conducción para condenar al imputado por no evitar algo que era, en la práctica, inevitable.

"Que pasaba si en vez de un auto el que colisionaría con Nicola hubiera sido un colectivo que llevaba chicos de primaria y por esquivarlo provocaría la muerte de varios niños? ¿Se describiría la conducta de Nicola como descuidada? O devendría en lo que fue, una conducta egoísta y sin interés de la vida de los demás?", se preguntan los defensores en el escrito de apelación, y agregan que "la querella y el Juez pretendían que Sánchez se plasme en su cabeza que una persona iba a tener la descabellada idea de caminar por el carril rápido de una Autopista Nacional, como si eso fuera algo lógico que sucede a menudo".

Otro de los planteos defensivos tiene que ver con la validez de las pruebas de extracción de sangre utilizadas para la condena, y denuncian la faltante de actas de extracción y de consentimiento informado: los letrados sostienen que la cadena de custodia estaba alterada desde el inicio, por lo que no hay certeza de que la sangre analizada pertenezca a Sánchez, y resaltan que incluso los fiscales del caso habían descartado previamente esta prueba por carecer de aptitud pericial, pero el juez decidió tomarla como válida.

Finalmente, la defensa de Sánchez rechaza la aplicación del agravante de no haber auxiliado a la víctima tras el impacto: los abogados sostienen que el auxilio era imposible porque la víctima falleció instantáneamente en el accidente, según se ventiló en el juicio oral, y aclaran que Sánchez no se dio a la fuga por voluntad propia, sino que siguió instrucciones de un fiscal que le indicó presentarse en la comisaría más cercana para evitar enfrentamientos con amigos de la víctima que estaban en el lugar.

En cuanto a este último punto de conflicto, los defensores remarcan también que, según los relatos de testigos, Sánchez se encontraba inmóvil y en estado de shock inmediatamente después del accidente, y mencionan además que la persona que acompañaba a Sánchez en el vehículo intentó acercarse al lugar donde estaba la víctima, pero no se le permitió hacerlo.