Una fecha clave que se acerca y un país que, de nuevo, no logra encontrar un camino para resolver su profunda crisis.

Sumido en una lógica que parece prolongarse, Haití se adentra en un nuevo laberinto institucional que se retroalimenta con la violencia imperante en buena parte del territorio y con el peso de su propia historia, marcada por la muerte, condenas, injerencias y catástrofes naturales. 

La fecha clave es el próximo 7 de febrero, cuando quedará caduco el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), que intenta conducir el rumbo político del territorio caribeño desde hace 21 meses.

El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, dio inicio a un período de incertidumbre que no logró saldar su sucesor, el ex primer ministro Ariel Henry, en sus dos años y nueve meses de gobierno. 

Tras la renuncia de este último, un conjunto de organizaciones políticas y de la sociedad civil, firmaron un acuerdo nacional 3 de abril de 2024 y establecieron la conformación del CPT, integrado por nueve miembros que designaron, en un primer momento, a Gary Conille como primer ministro, y luego a Alix Didier Fils-Aimé.

Las señales para el 7 de febrero

Mientras se acerca el fin del mandato de la presidencia colegiada, actores domésticos y externos mueven sus fichas para incidir en el rumbo del país.

La iniciativa más reciente llegó cuando, en rueda de prensa, el asesor presidencial Edgard Leblanc Fils confirmó que cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo Presidencial de Transición (CPT) decidieron destituir al primer ministro Alix Fils-Aimé. 

El nuevo primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, durante su investidura en Puerto Príncipe (Haití), el 11 de noviembre de 2024 © Clarens SIFFROY / AFP

Analistas internacionales consultados por France 24 en Español consideraron que esta definición obedece a una disputa de poder entre los integrantes del mandato presidencial colegiado y el primer ministro.

La respuesta internacional no tardó en llegar.

Un día después de esta confirmación, la Delegación de la Unión Europea en Haití y las embajadas de Francia, Alemania y España cuestionaron la decisión.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó el apoyo del secretario Marco Rubio al primer ministro y anunció la revocación de visados a dos miembros del CPT y sus familias.

Desde Barcelona, el doctor en Ciencias Políticas y analista internacional Louis Jean Pierre-Loriston, subraya el rol de Washington en esa controversia: “El primer ministro venía del sector de negocios, del sector económico poderoso del país, pero no tenía un consenso nacional para colocarlo. Ahora bien, al llegar al puesto, contrató unos lobistas en Estados Unidos para asegurar su continuidad, algo que ya no depende del CPT. Por eso, cuando ellos toman la decisión de revocarlo, la embajada de este país se opone”.