El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social atenderá las casos denunciados de violencia y acoso laboral en el sector privado y la Defensoría del Pueblo en las presentaciones efectuadas por empleados públicos de la provincia.

Así lo estableció la ya promulgada Ley N° 14.430, que fuera aprobada el pasado jueves -primero en Diputados y luego en Senado- que modificó algunos artículos de la Ley N° 14.371, sancionada en noviembre del año pasado y que había tenido ya vetos parciales con textos alternativos.

El objetivo central de la 14.371 es prevenir, detectar, erradicar y sancionar las violencias y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. La norma derogó la 12.434 que sobre la temática se había dictado en el 2005 durante el gobierno de Jorge Obeid.

La administración de Maximiliano Pullaro había vetado, con texto alternativo aceptado por Legislatura, dos artículos de la 14.371. Era en el capítulo referido al sistema de sanciones. A sugerencia de la Fiscalía de Estado se advirtió que la norma "pretende establecer un régimen administrativo sancionatorio sin especificar las conductas punibles ni las penas correlativas", estableciendo un "régimen sancionatorio genérico e indeterminado" y que "su alcance es tan ambiguo que no permite determinar con la precisión que el principio de legalidad exige las conductas susceptibles de sanción".

Ahora, a un año de vigencia de la norma y con la reforma constitucional que incorpora como instituto del Estado a la Defensoría del Pueblo, se propició la nueva modificación.

"Esta iniciativa tiene por objeto introducir modificaciones sustanciales a la Ley Provincial N. 14.371, a fin de corregir inconsistencias normativas, adecuar competencias institucionales y restituir coherencia jurídica en materia de prevención y erradicación de las violencias y el acoso en el ámbito laboral, tanto público como privado" señala el mensaje remitido por el Ejecutivo a Legislatura con las firmas de Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Advierte luego el Ejecutivo que la derogada Ley 12.434 preveía dos vías procedimentales para denuncias en el empleo público: el organismo empleador o la Defensoría del Pueblo, "la cual actuó históricamente como órgano especializado e independiente".

Marca que la Ley 14.371 estableció como única autoridad de aplicación al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, incluso para los casos que se den en el sector público. Esto generó dos problemas: afecta el principio de imparcialidad ya que el Ministerio de Trabajo forma parte del Poder Ejecutivo provincial, lo que lo coloca en situación de potencial conflicto de intereses cuando deba tramitar denuncias provenientes del propio Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Municipal. Por otra parte, la norma desconoció del rol institucional de la Defensoría del Pueblo, "quien actualmente cuenta con el personal y los equipos técnicos especializados en la materia", resalta.