Familiares de víctimas del gobierno de Alberto Fujimori solicitaron este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declare en desacato a Perú por liberar al expresidente, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.

"Solicitamos a la Corte Interamericana que emita una resolución donde señale clara y contundentemente que el Estado (peruano) ha desacatado una orden (suya) y que en base a eso emita un informe a la Asamblea General de la OEA", dijo en rueda de prensa Gloria Cano, abogada de los deudos.

Según la agencia de noticias AFP, la defensora consideró que el indulto otorgado a Fujimori esta semana es ilegal y la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe evaluar "el incumplimiento peruano" y obligar al gobierno a acatar los fallos de la Corte.

En la conferencia de prensa participaron familiares de los casos La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca, donde un escuadrón de la muerte del ejército ejecutó a 31 civiles en el marco de la guerra contra la guerrilla Sendero Luminoso.

"Nos sentimos desprotegidos, los familiares no tenemos un sistema de justicia que garantice nuestros derechos, no tenemos un gobierno y Congreso capaces de levantar sus voces por las víctimas", dijo Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en la matanza de La Cantuta en 1992.

Fujimori fue excarcelado el miércoles, un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara su liberación "inmediata".

 

La Corte IDH pidió al Estado peruano que se abstuviera de soltar al exmandatario hasta que ese tribunal "cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones" de su propia jurisprudencia.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este viernes la decisión de Perú de concederle la libertad al expresidente.

"La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad", detalló la CIDH en un comunicado.