El número de muertos por la reciente represión policial en favelas del balneario de Guarujá, en la costa del estado de San Pablo, ascendió hoy a 14, en medio de reclamos del organismo de control por posibles violaciones a los derechos humanos y ejecuciones realizadas por la fuerza comandada por primera vez por el bolsonarismo a través del gobernador Tarcisio de Freitas.

El propio Freitas informó esta noche que el número de decesos había aumentado de 12 a 14.

"No hay lucha contra el crimen sin efectos secundarios", dijo en una conferencia de prensa en la que rechazó las acusaciones de "excesos" de la policía.

Freitas aseguró luego que todas las víctimas "fallecieron en el contexto de tiroteos con las fuerzas de seguridad" y que el operativo implementado en respuesta al asesinato de un oficial de las fuerzas especiales de la policía "está aún en curso".

Una comisión compuesta por el Defensor del Pueblo de la Policía del Estado de San Pablo, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil (Oab) y el Consejo Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (Condepe) acudió a Guaruja para recabar información sobre denuncias de violaciones de derechos humanos.

Agregó que "el asesinato de un agente no justifica ninguna asimetría en la aplicación de la justicia".

"No nos paran de llegar denuncias de ejecuciones", abundó Silva.

Freitas, primer bolsonarista en gobernar San Pablo y presidenciable para 2026, aseguró que el operativo sirvió para enfrentar "al narcotráfico y el crimen organizado". 
Sin embargo, aclaró que cada muerte será investigada.

En San Pablo, los policías utilizan cámaras en sus uniformes, algo que es fundamental para determinar casos de "gatillo fácil".