El mes próximo, la Constitución de Santa Fe cumplirá 60 años de vigencia y en este tiempo transcurrido fracasaron numerosos intentos de reforma iniciados tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. Ahora, cuando tímidamente algunos voceros del gobierno quieren instalar el tema, el diputado Gabriel Real (PDP - Frente Progresista) ingresó una iniciativa en tal sentido para la discusión parlamentaria.

"Debemos plantearnos institucionalmente como Estado moderno en el ejercicio de sus funciones, adecuar esta Carta Magna, sancionada por última vez en 1962, con la nacional, donde se consagran nuevos derechos y garantías; y nuevas instituciones a partir de 1994", señaló.

El proyecto ingresado es el único que hoy tiene estado parlamentario y el propio autor le dijo a El Litoral que "no ponemos ningún límite, convocamos a un acuerdo marco político, a trabajar en un proyecto a libro abierto, donde se contemplen las necesidades de adecuar nuestra Constitución a realidades de una sociedad moderna, totalmente distintas a cuando fuera sancionada por última vez".

Los temas incluidos en el proyecto son las banderas históricas del PDP, aunque en este caso no avanza con la unicameralidad como otras iniciativas de esa fuerza plantearon en ocasiones anteriores. Agrega cuestiones ligadas con los derechos de tercera generación como la información pública y los del consumidor. Entre los temas que propone es llevar a cuatro años el mandato de presidentes comunales así como autonomías municipales, plenas y no solamente para Rosario y Santa Fe, sino para todas las ciudades y comunas.

Real toma en el tema autonomía municipal el concepto que propugnó Lisandro de la Torre "que consiste en el ejercicio por parte de los gobiernos locales de funciones, servicios y diseño de políticas públicas que se agotan en el ámbito de su propia jurisdicción. Si existe algún estamento superior que limite su competencia y acote sus recursos, entonces no hay autonomía como tal, por eso debe ser consagrado en un proceso reformista de nuestra Constitución".

Entre otras propuestas figura la proporcionalidad en la distribución de las bancas en Diputados en función de la cantidad de votos que recibe cada partido y también la posibilidad de reelección del gobernador al menos por un período consecutivo.

"Estamos transitando nuevas realidades, hoy coexisten una nueva educación, una nueva salud, políticas de Estado desarrolladoras de la cultura y la innovación, del hábitat, de la energía, plateamos políticas de recuperación y conservación del medio ambiente y de la ciencia y tecnología. Son todos temas que debemos revisar y consensuar en una nueva Constitución. Las constituciones se defienden reformándolas de tiempo en tiempo, adaptándolas a unas realidades sociales cambiantes" acotó Real.

Entre los postulados de reforma propone neutralidad religiosa del Estado; establecer la obligación de fijar criterios de progresividad en materia impositiva, solidaridad fiscal, legalidad, reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad, razonabilidad, equidad, generalidad, capacidad contributiva, certeza, entre otros; adecuar el instituto del Hábeas Corpus, también la acción de amparo; ampliar el derecho a la salud; eliminar la referencia al trabajo infantil y promover el trabajo decente, realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en la esfera de las competencias provinciales; establecer que las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos provinciales sean atendidas por medio de un régimen público de reparto y solidario a cargo de una institución estatal provincial de carácter intransferible.

Otros principios a incorporar son la intransferibilidad del voto, el derecho al sufragio activo de los extranjeros con residencia, la eliminación del requisito de tener dieciocho años para ser elector, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, el establecimiento de un tribunal jurisdiccional electoral, independiente, permanente y con fuero propio y el requisito de contar con mayorías legislativas agravadas o especiales para la aprobación de normas en materia de partidos políticos y sistema electoral.

Contempla la paridad de género en los cargos, ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura y facultar a la Asamblea Legislativa a la designación del Jefe de Policía. Incorpora institutos modernos como la iniciativa popular, agilizar el trámite legislativo así como la doble vuelta para la elección del gobernador.

Propone en materia del Poder Judicial, fijar las competencias del Procurador General y número impar para la Corte; consejo de la Magistratura para elegir candidatos a cargos judiciales; nuevo procedimiento para la remoción de jueces; rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa, consagrando su autonomía funcional y autarquía así como reconocimiento constitucional a la Defensoría del Pueblo.