Politica 15.11.2016
LUCHA CONTRA LA TRATA
Prohíben los cabarets y crean una comisión clave
Se eliminarán las figuras de wiskerías, cabarets, clubes nocturnos y boites en la ciudad. Se armará un comité interinstitucional contra la violencia de género, y un voluntariado social abocado a abordar estas problemáticas.
Por: Agenciafe/ElLitoral /
Hoy el Concejo santafesino dio una muestra de fuerza en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. Con acuerdo entre oficialismo y oposición, se sancionaron tres ordenanzas clave: la primera, se prohíbe taxativamente la instalación y habilitación de wiskerías, cabarets, club nocturnos, boites ("salones de fiestas") o cualquier otra denominación similar. Estos lugares son el primer paso para la captación y sometimiento de personas para explotación sexual.
La figura jurídica de estos lugares se elimina de la Ordenanza de Espectáculos Públicos N° 9.139 (cap. IV) y del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU), que están en el cuadro de esos de distritos específicos. Y se faculta además al Ejecutivo Municipal a que -a través de sus órganos competentes, como la secretaría de Control- garantice el cumplimiento de la ordenanza.
La segunda es la creación de un Voluntariado Social Municipal sobre Trata de Personas y Violencia de Género, el cual dependerá del área Mujer y Diversidad Sexual dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio.
Tendrá el objetivo de “promover la participación solidaria de jóvenes y adultos en la temática referida (trata y explotación sexual); propiciar la difusión de información vinculada a estas cuestiones; desarrollar talleres para jóvenes y adultos que tengan como objetivo brindar diferentes perspectivas sobre el tema y propiciar a la concientización.
Estas dos normativas fueron impulsadas por Adriana Molina (FPCyS-UCR). “No hay actualmente ningún local habilitado con esta figura, con lo cual era el momento”, aseveró en el recinto. “Es necesario distinguir la prostitución que no es una contravención; que hay muchas mujeres que entienden que ejercer la prostitución es un trabajo, y debemos aprender a respetar la individualidad”.
Es decir, con la ordenanza se va al núcleo de la problemática.
Una comisión clave
La tercera ordenanza es también central: fue promovida por el edil opositor Juan Cesoni (Bloque Justicialista), con la venia de sus pares y del interbloque frentista, y dispone la creación de una “Comisión interinstitucional para la prevención y lucha contra la trata de personas y explotación sexual y recuperación de sus víctimas”.
La comisión estará integrada por representantes del Ejecutivo, del Concejo, y se invitará a integrarla a representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia, Defensoría del Pueblo, Delegación local de Policía Federal Argentina, INADI y diversas ONG vinculadas a la problemática.
Su función será “coordinar planes, programas y acciones interdisciplinarias para una mejor asistencia médica, psicológica, jurídica y la protección y contención social inmediata a personas que hayan sido víctimas (de trata) y a su entorno familiar”.
También esta ordenanza lleva a que la Municipalidad “adhiera a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 13.339 en su parte pertinente”. (Concretamente, en su art. 1 establece como objeto la adopción de medidas destinadas “a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos, el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima, etc”.)
Complementariedad
“Son tres ordenanzas que se complementan, porque ratifican una política de Estado municipal, y no tiene que ver con camisetas partidarias. Apunta a la prevención y la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual”, dijo Molina a El Litoral.
La aludida complemetariedad apunta a tres ejes: “Suprimir las figuras de cabarets, wiskerías o locales de denominación análoga, crear un voluntariado social para abordar las problemáticas, y una comisión que va a monitorear y fijar criterios con distintos actores políticos, judiciales, policiales, etc.”, agregó.
Abolicionismo y reglamentarismo
Para Cesoni, el Concejo ha logrado con estas tres normas “el corpus legal más integral y abarcativo que haya logrado municipio alguno en el país sobre la problemática de la trata”. ¿Por qué? Porque las tres contemplan las dos grandes posturas filosóficas al respecto: “La primera es la abolicionista, y la segunda es la reglamentarista. Hay una discusión entre ellas que no está saldada, y este Concejo se ha permitido contemplarlas a ambas y tener un plexo normativo a la medida de cada ellas”, fundamentó el edil.
“Ahora nos obligamos a nosotros mismos a avanzar en una discusión mucho más profunda, y crear una herramienta territorial concreta para trabajar sobre las problemáticas. Ahí entrará a actuar el voluntariado, que nos permitirá acercar la discusión y tratarla concretamente en territorio con el sujeto social que resulta ser la víctima de trata, y que es la más vulnerable en todo esto”, completó Cesoni.
La figura jurídica de estos lugares se elimina de la Ordenanza de Espectáculos Públicos N° 9.139 (cap. IV) y del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU), que están en el cuadro de esos de distritos específicos. Y se faculta además al Ejecutivo Municipal a que -a través de sus órganos competentes, como la secretaría de Control- garantice el cumplimiento de la ordenanza.
La segunda es la creación de un Voluntariado Social Municipal sobre Trata de Personas y Violencia de Género, el cual dependerá del área Mujer y Diversidad Sexual dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio.
Tendrá el objetivo de “promover la participación solidaria de jóvenes y adultos en la temática referida (trata y explotación sexual); propiciar la difusión de información vinculada a estas cuestiones; desarrollar talleres para jóvenes y adultos que tengan como objetivo brindar diferentes perspectivas sobre el tema y propiciar a la concientización.
Estas dos normativas fueron impulsadas por Adriana Molina (FPCyS-UCR). “No hay actualmente ningún local habilitado con esta figura, con lo cual era el momento”, aseveró en el recinto. “Es necesario distinguir la prostitución que no es una contravención; que hay muchas mujeres que entienden que ejercer la prostitución es un trabajo, y debemos aprender a respetar la individualidad”.
Es decir, con la ordenanza se va al núcleo de la problemática.
Una comisión clave
La tercera ordenanza es también central: fue promovida por el edil opositor Juan Cesoni (Bloque Justicialista), con la venia de sus pares y del interbloque frentista, y dispone la creación de una “Comisión interinstitucional para la prevención y lucha contra la trata de personas y explotación sexual y recuperación de sus víctimas”.
La comisión estará integrada por representantes del Ejecutivo, del Concejo, y se invitará a integrarla a representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia, Defensoría del Pueblo, Delegación local de Policía Federal Argentina, INADI y diversas ONG vinculadas a la problemática.
Su función será “coordinar planes, programas y acciones interdisciplinarias para una mejor asistencia médica, psicológica, jurídica y la protección y contención social inmediata a personas que hayan sido víctimas (de trata) y a su entorno familiar”.
También esta ordenanza lleva a que la Municipalidad “adhiera a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 13.339 en su parte pertinente”. (Concretamente, en su art. 1 establece como objeto la adopción de medidas destinadas “a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos, el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima, etc”.)
Complementariedad
“Son tres ordenanzas que se complementan, porque ratifican una política de Estado municipal, y no tiene que ver con camisetas partidarias. Apunta a la prevención y la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual”, dijo Molina a El Litoral.
La aludida complemetariedad apunta a tres ejes: “Suprimir las figuras de cabarets, wiskerías o locales de denominación análoga, crear un voluntariado social para abordar las problemáticas, y una comisión que va a monitorear y fijar criterios con distintos actores políticos, judiciales, policiales, etc.”, agregó.
Abolicionismo y reglamentarismo
Para Cesoni, el Concejo ha logrado con estas tres normas “el corpus legal más integral y abarcativo que haya logrado municipio alguno en el país sobre la problemática de la trata”. ¿Por qué? Porque las tres contemplan las dos grandes posturas filosóficas al respecto: “La primera es la abolicionista, y la segunda es la reglamentarista. Hay una discusión entre ellas que no está saldada, y este Concejo se ha permitido contemplarlas a ambas y tener un plexo normativo a la medida de cada ellas”, fundamentó el edil.
“Ahora nos obligamos a nosotros mismos a avanzar en una discusión mucho más profunda, y crear una herramienta territorial concreta para trabajar sobre las problemáticas. Ahí entrará a actuar el voluntariado, que nos permitirá acercar la discusión y tratarla concretamente en territorio con el sujeto social que resulta ser la víctima de trata, y que es la más vulnerable en todo esto”, completó Cesoni.