Es importante mencionar que en la actualidad son muchos los gobiernos locales que no han avanzado en la creación de infraestructura para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) tal como prevé la Ley, debido a que la inversión a afrontar es demasiado grande e imposible de realizar sin el auxilio financiero externo.

En su artículo dos, el proyecto prevé que el Fondo de Infraestructura Basura Cero se constituirá anualmente con los siguientes conceptos:

1)     Un importe equivalente al 0,50% del Cálculo de Recursos para la Administración Central en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Inicial correspondiente al año anterior.

2)     El importe de Créditos de procedencia nacional o internacional que el Gobierno Provincial pudiese obtener y cuyo destino sea compatible con los objetivos del presente Fondo.

3)     Los importes reintegrados por los Municipios y Comunas con más sus intereses y accesorios.

4)     Donaciones y aportes de organismos públicos y privados con destino específico a este fondo.

Más adelante, el proyecto prevé la realización de los estudios de factibilidad e impacto en la población, de manera previa a la aprobación del proyecto. Además establece cuáles son los requisitos para acceder a la financiación, los plazos para las rendiciones respectivas y en qué casos los recursos entregados serán o no reintegrables.

Entre los fundamentos, Palo Oliver sostiene que “es indispensable dotar a los municipios, comunas y consorcios regionales, de las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos impulsados en la Ley de Basura Cero. Además de ello, debe haber una participación efectiva por parte de estas entidades no solamente mediante la elaboración de los proyectos y la concreción de los mismos, sino también mediante el aporte de recursos propios”.