La vivienda promete convertirse en una de las prioridades de la gestión municipal. Así lo planteó este jueves la intendenta Mónica Fein en la apertura de las sesiones ordinarias en el Concejo al anunciar la creación de un área específica para asistir a los inquilinos. La base estará en el Servicio Público de la Vivienda y Hábitat (SPV) y busca dar respuesta a una de las principales dificultades que enfrentan los sectores medios sin casa propia, estimados entre un 25 por ciento y un 31 por ciento de la población rosarina. Dificultades para conseguir garantías, costos excesivos, incrementos de hasta el 40 por ciento en los contratos, cláusulas abusivas e intentos de indexaciones semestrales son los principales problemas que enfrentan estas familias. La propuesta final, a la que se sumará el Banco Municipal y que intenta consensuarse con el sector inmobiliario, aún debe ser "afinada", indicó el titular del SPV, Raúl Alvarez. Los representantes de la Concejalía Popular, también impulsor de la iniciativa, anticiparon que "busca ser un dispositivo a través del cual puedan conseguirse contratos dignos y justos para todos".

La propuesta municipal promete impactar en un amplio sector de la población. De acuerdo a los últimos datos del Observatorio Inmobiliario, el número de inquilinos se viene incrementando cada año y actualmente el 31 por ciento de la población se encontraría en esa condición. No muy diferentes son las estimaciones de la Concejalía Popular, que en base al Censo de 2010 calcula que el 25 por ciento de la población alquila.

"Hay alrededor de 300 mil personas que habitan propiedades alquiladas en Rosario y, teniendo en cuenta los grupos familiares, el número de contratos actuales de alquileres para vivienda estable en la ciudad sería de unos 100 mil", indicó Ariel D'Orazio, secretario de la Concejalía Popular, y señaló que esos porcentajes ponen "a Rosario por encima de los indicadores globales de las grandes urbes".

El objetivo es dar respuesta a este amplio sector de la población que enfrenta situaciones abusivas: dificultades en la obtención de garantías, altos costos para poder acceder a la vivienda y contratos abusivos.

Según detalló el titular del área, una de las metas es lograr "una garantía que sustituya a la propietaria exigida actualmente y una de las propuestas es que el sea el Banco Municipal el que ofrezca una alternativa, como puede ser una línea de pólizas de caución que garantice el pago del alquiler".

También la entidad financiera colaboraría a través de una línea de créditos blandos para que los inquilinos puedan afrontar los gastos iniciales que se presentan ante cada contrato, que incluye sellados, comisión y un monto de depósito que mayoritariamente nunca vuelve a manos de los inquilinos.

Modelo. Las cláusulas abusivas son una de las principales denuncias que hacen las entidades que agrupan a los inquilinos y, en ese sentido, la Concejalía Popular no sólo apuntó al "intento de imponer indexaciones semestrales como ya sucede en Buenos Aires", sino además "al traslado de responsabilidades que son de los propietarios, pero se trasladan a los inquilinos".

Ese es el punto donde el titular del SPV se sentará la semana próxima a dialogar con el sector inmobiliario en la búsqueda de consenso. "El objetivo es poder elaborar un modelo de contrato que las inmobiliarias acepten y que no genere cláusulas injustas entre las partes", anticipó.

A ese paquete se sumará también en el proyecto un espacio de asesoramiento jurídico y contable para los inquilinos. Si bien aún faltan afinar muchos de los puntos de la iniciativa, Alvarez señaló que el objetivo es "poder presentar una propuesta cerrada para antes de mitad de año".