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[ 17.11.2013 06:33 ] » DENUNCIARON AL JUEZ RODRÍGUEZ EN LA VIEJA CAUSA BANCO DE SANTA FE

"Por retardo de la justicia"

Lo hizo el fiscal en un recurso de queja que planteó ante la Cámara Federal de Rosario. Es por la insistencia del magistrado en cerrar la causa del vaciamiento del Banco Provincial que derivó en la privatización y en un perjuicio económico. El desguace del banco provincial implicó un perjuicio para Santa Fe de 500 millones de dólares.

Agenciafe/Rosario 12 | 

Banco de Santa Fe - Rosario

El fiscal Walter Rodríguez denunció al juez Reinaldo Rodríguez por "retardo de justicia" en un recurso de queja que planteó ante la Cámara Federal de Rosario por la insistencia del magistrado en cerrar la causa del vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, entre 1979 y 1991, que derivó en la privatización de la entidad y un perjuicio económico para la provincia de 500 millones de dólares. La apelación tiene el respaldo del fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de su colega de Pedro Biscay, coordinador del área de Fraudes Económicos y Bancarios. El Ministerio Público pidió la reapertura de la causa porque descubrió que la supuesta investigación era un simulacro y por lo tanto "fraudulenta". Pero el juez sostuvo que ya estaba prescripta y dictó el sobreseimiento de 44 imputados, todos ex presidente y ex directores del Banco, entre ellos los ex ministros Pedro Buchara, Héctor García Solá, Santiago Rabasedas y Rodolfo Vacchiano. Por lo que ahora, deberá resolver la Cámara.

El incidente se planteó por una resolución del juez Rodríguez del 24 de junio, que declaró "extinguida la acción penal" por prescripción. El fiscal apeló.

El 22 de octubre, y después de un "detenido análisis de la causa", el Ministerio Público descubrió que la supuesta investigación judicial había sido un simulacro. "Una actividad judicial fraudulenta desplegada durante una instrucción simulada", señaló el fiscal. Y pidió la nulidad de un decreto dictado por el ex juez Víctor Brusa que dispuso el "sobreseimiento provisorio" de la causa en 1993 y una serie de pruebas para "profundizar la investigación".

Sin embargo, el juez Rodríguez respondió que ya no era competente. "El suscripto ha perdido jurisdicción", contestó.

El fiscal sostiene que la "perdida de jurisdicción" alegada por el juez es una "nueva dilación injustificada en el tramite del expediente" porque "omite en forma deliberada el tratamiento al que está obligado a otorgar al planteo de nulidad" a la resolución del ex juez Brusa y "al ofrecimiento de pruebas" que hizo el Ministerio Público.

"El artículo 442 del Código Procesal Penal de la Nación dice que "el Juez deberá poner todo su empeño para evitar demoras en el desarrollo del sumario y urgir constantemente a las autoridades u otras personas encargadas del diligenciamiento de oficios o exhortos". Para el fiscal, esto no se ha cumplido, ya que "hace años que el sumario no se ha desarrollado en relación a la prueba".

"El juez Rodríguez intentó cerrar una causa tramitada en forma fraudulenta. Y la decisión no hace otra cosa que refrendar la posición que ha tenido el magistrado desde el 28 de mayo de 2008, momento a partir del cual el expediente quedó sumido en un letargo inexplicable de cinco años, directamente proporcional con la historia que se repite en estos días", denunció el fiscal.

La reapertura de la causa por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe efectuado entre 1979 y 1991 fue solicitada por la Fiscalía el mes pasado. El Area Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac colaboró y efectuó un análisis de las actuaciones. En base a ese estudio, Rodríguez solicitó la nulidad de una parte de la investigación "en razón de no haberse desarrollado el debido proceso legal" y por entender que estuvo fingida.

Según la Procelac el proceso judicial llevado adelante en su momento no tuvo por objetivo lograr avance alguno en la investigación de los delitos denunciados, "sino todo lo contrario, promover la obstrucción de la justicia y la paralización de la causa penal por más de 15 años al punto de llevarla al estado de prescripción".

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