Los industriales santafesinos denuncian inseguridad jurídica y acusan de inacción al gobierno provincial

Bajo el título de “Seguridad jurídica ausente”, la comisión directiva de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) emitió un comunicado de prensa donde critica duramente al gobierno de la provincia por su actuación en el conflicto -que ya lleva siete meses- y se terminan preguntando quién va a invertir en Santa Fe si se rompen las reglas de juego.

El documento recuerda que “el 3 de enero del 2012, participamos como entidad representativa de los intereses gremiales empresarios de los industriales de la región, en la reunión del Consejo Económico Social de la Ciudad de Santa Fe, donde se trató el tema de la industria Productora Alimentaria SA (Naranpol) y se resolvió como consta en acta ‘solicitar en forma urgente al gobernador de la Provincia de Santa Fe que convoque al gobierno nacional para intentar asegurar la continuidad de la empresa y fundamentalmente los puestos de trabajo que genera’. Pero los hechos que sucedieron los días siguientes nos demostraron la ausencia del Estado Provincial en este conflicto que ya lleva más siete meses en la búsqueda de una solución”.

A partir de esta situación -dice el comunicado- “como empresarios productivos nos preguntamos cuál es el futuro que tenemos por delante, si como expresa la resolución judicial del pasado 19 de enero la orden de desalojo de la planta industrial propiedad de la empresa concursada, usurpada por una treintena de empleados, no puede ser ejecutada pese al oficio enviado al Ministerio de Seguridad de la Provincia para que ponga inmediatamente a disposición del Tribunal las fuerzas policiales necesarias para dar adecuado cumplimiento a la medida. Además conviene preguntarse quién defiende a los 770 empleados restantes”.

Los industriales santafesinos se preguntan a renglón seguido: “Si no se respeta el derecho constitucional a la propiedad y si además se cuenta con la complicidad del Director General de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de la Producción de la Provincia que solicita con carácter de ‘urgente’ la inscripción de la Cooperativa de Trabajo Naranpol por tratarse de ‘una empresa recuperada’ en el domicilio usurpado y con iguales fines, asumiendo atribuciones intolerables de decidir el estado procesal de una empresa en concurso, no tenemos otro camino que pensar que la administración de gobierno no esta en las mejores manos. Si no se deja ingresar a funcionarios de Assal para determinar las condiciones bromatológicas de los productos que el grupo usurpador salió a vender por cuenta propia, otra vez el estado está ausente”.

Convocatoria

A partir de esta situación -dicen- “cuando la empresa es despojada de sus bienes y la provincia no interviene, cuando un director provincial del ministerio de la producción emite resoluciones que corresponde a la justicia oponiéndose a la división de poderes establecida en la Constitución Nacional y Provincial, cuando se avala el derecho de usurpación, cuando una cooperativa creada el 3 de enero se instala en el domicilio usurpado, cuando las ordenes judiciales no se pueden cumplir, nos enfrentamos a un estado espectador, no siempre imparcial, que legitima a los grupos violentos que toman por asalto los bienes empresarios para apropiarse gratuitamente de ellos”.

“Ante esta situación que pone a la Industria Santafesina en la desprotección total le exigimos al gobierno de la provincia que cumpla lo ordenado por la Constitución Provincial y solicitamos con carácter de urgente audiencias con el Ministro de Seguridad y con el Ministro de la Producción. También convocamos a una conferencia de prensa para exponer a la ciudadanía la gravedad de la situación institucional provincial y a la comunidad productiva toda, mesa de entidades productivas, mesa del diálogo, CGT y Secretaria de la Producción Municipal entre otras”, anunciaron.