En la sesión ordinaria de ayer, todos los ediles de la ciudad decidieron apoyar "las medidas tomadas a los fines de que se cumpla con la legislación nacional y local vigentes en materia de uso del caso en conductores de motocicletas y control de alcoholemia en conductores de todo tipo de vehículos".

Asumimos, le solicitaron al DEM que se informe permanentemente a la población acerca de las medidas a implementar a través de las reparticiones que corresponda.
En los considerandos, se menciona que "existe desde hace mucho tiempo un manifiesto incumplimiento de la normativa legal vigente con respecto a las normas de seguridad en el tránsito".

Asimismo, recuerdan que "el Municipio ha puesto en marcha un programa estricto de control del uso del casco y de niveles de alcoholemia" y que el mismo "apunta a mejorar las condiciones de seguridad tanto de los conductores como de otras personas que pueden verse involucradas en accidentes".

Rodolfo Enrico, miembro informante del tema, dio algunos detalles más acerca de algunos datos aportados en medios especializados de salud acerca del riesgo y los daños individuales y sociales que se generan por accidentes de motovehículos. Una de las informaciones aportada por el CESVI (Centro De Experimentación y Seguridad Vial) es en relación a la cantidad de motociclistas lesionadas en accidentes de tránsito, que aumentó más del 7% este año en el país. Además, según certifican estándares internacionales, la mortalidad de los usuarios de vehículos de dos ruedas es trece veces superior a quienes se conducen en automóviles, fundamentalmente por el no uso de dispositivos de seguridad.

Quizás allí encuentren una respuesta aquellos que dicen que no son tratados de la misma manera que otros infractores.
También señalan los altos costos que debe pagar "la sociedad por la irresponsabilidad de quienes no cumplen las leyes vigentes, que alcanzan cifras millonarias en gastos de atención médica, lucro cesante de la víctima y de los familiares, más reparaciones de infraestructura dañada y tratamiento de rehabilitación psicofísica, social y laboral, cuando el accidente no termina con el deceso del accidentado y este queda con lesiones irreversibles".

En una revista de consulta médica se afirma que en nuestro país el Estado eroga 6.000 millones de dólares en atención a enfermos producto de colisiones. "Son los costos de la sociedad que se deben pagar, muchas veces, por mal entender un supuesto derecho individual: el de no usar casco", sentenció Enrico.
Al mismo tiempo, reafirman la decisión de incrementar los controles de alcoholemia, puesto que "se ha detectado en nuestra ciudad un incremento considerable en el número de personas que conducen automóviles con niveles de alcoholemia que exceden lo permitido por la ley poniendo en grave riesgo su vida y la de terceros". En tal sentido, indican que "en gran parte de los accidentes investigados por el Departamento de Seguridad Vial del CESVI Argentina existen serias presunciones sobre que uno de los conductores involucrados en el impacto sufría efectos generados por el consumo de alcohol" al momento de la colisión.

Héctor Sierra, por su parte, reconoció que el proyecto haya sido impulsado por parte de la oposición. "Y para aquellos que esgrimen argumentos leguleyos acerca de si se puede o no tomar la moto, hay que dejarles en claro que los mismos deben ser dejados de lado en función de que el Estado defienda la vida de sus ciudadanos", agregó.
Por último, Jorge Maina destacó la labor de los agentes de Control Público, que muchas veces sufren agresiones por el solo hecho de llevar adelante su trabajo.

Promoción para tarjetas magnéticas

Otro de los temas tratados y aprobados ayer por unanimidad -curiosamente, ya veremos el porqué- fue la promoción de las tarjetas magnéticas para el uso de los parquímetros en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).
Tal cual como lo adelantara LA OPINION hace algunos días, la intención es acelerar el paso del sistema de pago manual al magnético en la ZEC para que, en el menor tiempo posible, se amplíe a las primeras cuadras de Bv. Santa Fe, trasladando los controladores hacia ese nuevo sector.

Para que ello se logre, más gente debe sumarse a la utilización del sistema mecánico. Debido a que hasta ahora no se vendieron las tarjetas que se esperaban (recién ahora se llegó a las 300, un tercio de los usuarios cotidianos), se duplicó el valor del pago manual, pasando a costar 2 pesos la hora, sin posibilidad de fraccionarse. En cambio, se reduciría la unidad de tiempo para el sistema magnético. Es decir, en lugar de fraccionar por una hora, se hará cada media hora.
De esta manera, quien estacione por una hora y cuarto (por poner un ejemplo) y le pague a los controladores, abonará $ 4; mientras que si lo hace con tarjeta, pagaría $1,50.

Víctor Fardín, si bien fundamentó largamente su oposición al proyecto (incluso, no había firmado el despacho) terminó aprobando el mismo.
Dijo que había fallas en el sistema, puesto que el dispositivo de la tarjeta no ayuda al cambio de sistema, porque "no son amigables". Para él, lo mejor son las monedas, aunque reconoció que estas máquinas pueden ser víctimas de vandalismo. También propuso que se ampliara la ZEC al exterior de la plaza 25 de mayo y que al momento de llevarla al microcentro, se implemente una mancha, y no una sola calle, como es Bv. Santa Fe.

Tanto Castellano como Sierra salieron a respaldar el proyecto, incluso Peretti, quien recordó que las máquinas con tarjetas magnéticas fueron elegidas hace mucho tiempo. "No podemos sorprendernos de cómo son", comentó.
Más allá de estas diferencias, el proyecto se aprobó -como se dijera anteriormente- con el voto de todos los concejales.