Cuatro meses después de que Amado Boudou y sus socios fueran condenado por la compra de la ex calcográfica Ciccone y la maniobra para que imprimiera billetes, el juez Ariel Lijo avanzó este viernes en la causa conocida como Ciccone II, que investiga la ruta del dinero que se utilizó para financiar la operación. El magistrado procesó por abuso de autoridad al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quedó acusado de encubrir las irregularidades fiscales y de financiar la maniobra que condujo al ex vicepresidente a prisión. Al banquero Jorge Brito, al ex directivo del Banco Macro, a Máximo Lanusse y a la ex titular de la Casa de Moneda, Katya Daura Lijo los procesó como partícipes necesarios de negociaciones incompatibles con la función pública.

En la primera parte de la causa, cuyo juicio oral terminó en agosto con una condena de 5 años y 10 meses de prisión para el ex vicepresidente, también había sido condenado el ex jefe de asesores de Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner. Sin embargo, las audiencias dejaron en claro que las maniobras fiscales para beneficiar a Boudou y sus amigos no podían haber ocurrido sin la intervención o al menos el conocimiento del titular del ente recaudador.

El juez Lijo, sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Vandenbroele, propietario de The Old Fund (dueña del 70% de las acciones de la ex calcográfica). Era la única empresa con capacidad para imprimir billetes, y para la Justicia "quedó en manos del entorno del ex vicepresidente".

El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.

Para terminar de comprender la maniobra, se inició este expediente que investigó la ruta del dinero que se aplicó para el salvataje y puesta en funcionamiento de la ex Calcográfica. El juez fijó tres etapas: el levantamiento de la quiebra; el desembarco de los fondos y el gerenciamiento de la firma y la contratación de la Ex Ciccone por parte del Estado.

La causa cobró velocidad tras tras el giro que se produjo hace un año con la declaración como “arrepentido” de quien fue el ideólogo del armado de empresas ligadas al ex vice, Alejandro Paul Vandenbroele. El juez dio veracidad a sus dichos. Analizó la documentación y corroboró el circuito de fondos aplicados para la adquisición de la ex calcográfica.

La Justicia dio por corroboradas las negociaciones previas que permitieron un "acuerdo ilícito" entre Boudou y Núñez Carmona "para el levantamiento de la quiebra, el otorgamiento de un plan de facilidades de pago de la deuda que mantenían (la imprenta) con la AFIP y la contratación del Estado Nacional".

Entonces, se señaló que Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele intervinieron en un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa. Esta tarea la realizó The Old Fund (TOF), utilizada posteriormente para la compra de Ciccone, determinó Lijo. 

En la etapa de la adquisición de la imprenta, Lijo se basó en un peritaje donde "no se logró demostrar que el fondeo de dinero que provenía de Raúl Moneta era en realidad de Jorge Brito. Sin embargo, se encuentra probada, al menos la intervención de Jorge Brito en la etapa de gerenciamiento de la firma a través de Pablo Lanusse (ex directivo de TOF) y Francisco Sguera en lo que parecería ser más un aporte de tipo personal por la relación que mantenía con Amado Boudou que de carácter institucional", expresa la resolución.

La operatoria tuvo como eslabón clave a la AFIP. El ex titular de la AFIP, está acusado por la supuesta ayuda ilegal para que Ciccone  -ya en manos de TOF- pudiera conseguir una moratoria excepcional para pagar su deuda millonaria al Estado. El magistrado determinó que Echegaray era responsable por "haber cambiado su posición respecto del otorgamiento de la conformidad de la AFIP para el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica, en un lapso de dos días sin justificación".

No se discutió la facultad que tenía el Administrador Federal de otorgar su conformidad de manera condicionada o incondicional, "lo que no podía hacer Echegaray de manera legítima era variar sustancialmente el carácter de la conformidad prestada, en un lapso corto, sin más motivación que una solicitud por parte de la empresa quebrada sin ningún tipo de especificación o detalle respecto de cómo iba a sanear la deuda con el ente recaudador".

Como parte de la maniobra quedaron procesados Jorge Enrique Capirone; Sergio Martínez; Katya Daura; Francisco Sguera; como partícipes del delito de negociaciones incompatibles.