En un marcado clima de división política con la disidencia, Cuba empieza a debatir desde este lunes, y por 150 días, los cambios que trae consigo el proyecto de una nueva Constitución para el país. Hasta el 15 de noviembre, los cubanos discutirán el tema en 135.000 asambleas a realizarse en la isla hasta que el borrador final, con todas las modificaciones aprobadas, será sometido a un referendum el 24 de febrero próximo.

Debates. Los diputados en el Palacio de las Convenciones de La Habana, a fines del mes de julio, donde se anunció que la nueva Constitución (DPA).

El proyecto constitucional aprobado el mes pasado reconoce por primera vez la propiedad privada y elimina la palabra “comunismo”, aunque ratifica el papel del Partido Comunista como máximo poder en la isla, por lo que la reforma no implicará cambios sustanciales en el actual sistema político. Este es el eje de los reclamos de la disidencia cubana, que dice que es más de lo mismo. La comisión constitucional cerrará la redacción antes de que sea aprobado en la Asamblea Nacional y el texto final será sometido a referendum.

El oficialismo asegura que la nueva Constitución es “mucho más avanzada” que la de 1976, modificada en 1992 y en 2002, porque se corresponde con “nuestra realidad, el futuro previsible y las demás medidas que han sido aprobadas en los últimos años”.

Cambios. La nueva Carta Magna reconoce la propiedad privada y el papel del mercado en la economía (DPA).

Pero los sectores opositores más radicales la califican de “más de lo mismo”, cuando no de “fraude”. Los moderados destacan su valor porque “abre el juego” a mediano plazo.

Desde la semana pasada se han vendido un millón de ejemplares de la nueva Constitución en toda la isla y solamente en La Habana -donde viven más de 2,5 millones de personas- se vendieron 200.000 ejemplares. La demanda fue tan grande que Etecsa, la compañía cubana de telecomunicaciones, ofrece su descarga gratuita en la web.

Modernidad. Una mujer mira su teléfono celular frente a dos negocios típicos de La Habana, otra postal de la Cuba de hoy (EFE)

El nuevo texto reafirma el “carácter socialista” del sistema político. En su artículo 5 establece que “el Partido Comunista de Cuba (PCC), único, martiano, fidelista y marxista-leninista es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado”. Asimismo trata de adaptarse a los cambios de los últimos años, aunque no tanto como muchos quisieran. “Solo refleja las ideas del PCC, no de una nación, al no aceptar la competencia partidista en política”, critica el líder opositor e historiador Manuel Cuesta Morua. A la vez, destaca “que lo interesante es que abre la puerta a las uniones del mismo sexo y fomenta la institucionalidad. El gobierno acepta la propiedad privada con un matiz político nuevo, que es el reconocimiento pleno de que no se puede eliminar la propiedad privada si se quiere mantener el comunismo”.

Arturo López Levy, experto cubano en temas latinoamericanos e internacionales que vive en Estados Unidos, opinó que la nueva Constitución “se queda corta” según estándares internacionales. Pero tiene “importantes consecuencias” para la gente y la estabilidad del PCC. Según él, la nueva Constitución relajará los controles estatales para que “sean aceptados por nuevos empresarios, homosexuales, religiosos con libertad de culto y burócratas con aspiraciones de ascenso”.