El Estado nacional tiene actualmente en su contra 855.575 juicios. Son demandas que inician jubilados y pensionados, personal de fuerzas de seguridad, empresas y personas que reclaman daños y perjuicios. El monto estimado de lo que se le reclama al estado es escalofriante: más de 800 mil millones de pesos. Se trata de la mitad del billón y medio de pesos para gastos corrientes de capital del presupuesto nacional para este año.

Infobae accedió a datos oficiales de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el cuerpo de abogados del estado que tiene a su cargo la defensa de todos esos juicios. Los números muestran que el Estado es un gran generador de juicios en su contra, muchas veces por ineficiencia, otras por corrupción y también por malas decisiones políticas de los gobiernos que llevan al inicio de muchos juicios.

Por supuesto que el monto estimado de dinero no es el que pagará el Estado. Muchos de esos juicios serán desestimados y en otros la condena será menor. Pero muestran parte de la deuda interna permanente del Estado.

La ANSES tiene más de la mitad de ese total de causas. Al 1 de abril pasado tiene en trámite 575.379 juicios que iniciaron jubilados y pensionados por reclamos salariales y las ex AFJP por la estatización del sistema. El reclamo es por240.279.766.385 de pesos. Además, ya hay 234.609 condenadas contra la ANSES por las que tendrá que pagar 40.585.244.234 de pesos.

El resto de los juicios son 280.196 –según estadísticas hasta noviembre del año pasado-que se dividen en el resto de los organismos del estado. De esas demandas, 35.650 no tienen un reclamo económico, en otras 72.947 son por 167.218.305.682 pesos y en las 171.609 restantes el monto está indeterminado porque quien reclamó no fijó lo que pretende cobrar. Pero una proyección sobre los juicios con montos marca que al Estado se le está reclaman en esos pleitos 560 mil millones de pesos. Sumados a los que tiene en trámite la ANSES las demandas llegan a los 800 mil millones.

En esos 280 mil juicios, hay poco más de 150mil por reclamos salariales de miembros de fuerzas de seguridad. El estado les paga parte del sueldo en negro y se inician juicios para que sea incorporado en blando a su salario.

Otro universo grande lo abarcan los reclamos por daños y perjuicios, la mayoría por accidentes ferroviarios. La tragedia de Once y la de Cromañon son dos de esos casos. Estos son los juicios internos y no están contemplados los pleitos internacionales que afronta el Estado.

La contracara son los juicios que el estado inicia. A noviembre pasado eran 1.493.195, en su mayoría por reclamos de impuestos impagos. Se trata de casi el doble de los procesos en contra del estado pero sin embargo el monto que reclamo en esos procesos es de 224.029.585.651 de pesos.

Mejorar la defensa del estado

"Hay que tomar conciencia de los montos que se reclaman. Son deudas que el estado tiene que pagar", le dijo a Infobae Carlos Balbin, titular de la PTN y que asumió en el organismo con la llegada de Mauricio Macri al gobierno.

El procurador del Tesoro es el jefe de los abogados del Estado y de Balbín dependen120 direcciones jurídicas nacionales que tienen a su cargo los juicios. Para revertir esta situación, Balbín entiende que "cómo se defiende el estado es clave" y que a futuro se debe trabajar en tres ejes. "Uno es mejorar la defensa del estado en los juicios, el segundo es controlar las causas y el último es el recupero del dinero que el estado reclama porque es mínimo lo que se termina cobrando", explica.

Para eso la PTN firmó convenios de colaboración con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y lo hará con universidades nacionales del interior del país para controlar los juicios que se realizan en las provincias.

Parte de los juicios contra el estado es por las malas decisiones que toman los gobiernos. Un ejemplo es el corralito. Esa medida económica restrictiva que tomó el gobierno de Fernando De la Rúa generó más de 200 mil juicios en los primeros tres meses del 2002.

En los últimos años se registraron casos de corrupción en los juicios en los que estuvieron involucrados abogados del estado. Uno de ellos fue el caso del Grupo Greco en el que en 2005 funcionarios de legales del Ministerio de Economía ordenaron pagarle a esa empresa 332 millones de pesos en bonos de consolidación cuando se estaba discutiendo en un juicio si correspondía esa indemnización. Un tribunal oral condenó el año pasado a cuatro ex funcionarios del Ministerio.

Otro caso fue el de varios jueces que en connivencia con abogados públicos otorgaron medidas cautelares a miembros de fuerzas de seguridad por reclamos salariales. Uno de ellos, Humberto de Biase Echeverría, juez de Santo Tomé, en Corrientes, dio 17.060medidas cautelares en un mismo día, una cantidad similar a los habitantes de la ciudad. Biase Echeverría fue destituido por mal desempeño.

Los procesos judiciales en los que el Estado es parte tienen la misma lógica que el resto de las demandas: morosidad y muchos papeles. Un juicio no dura menos de cinco años. "Se necesitan mecanismos alternativos al juicio pero hoy la ley no prevé eso cuando el Estado es parte", sostiene Balbín que propone "un proceso especial que sea más ágil".