"El mensaje perverso de este caso, porque esta chica, que es hija extramatrimonial y tiene once hermanastros, se animó a denunciar con todos los hermanastros a favor del padre. Cuando el hombre salió de la cárcel, después de estar sólo nueve meses, hizo una fiesta en el barrio. El mensaje es desalentar las denuncias porque nadie te va a creer", puntualizó Salazar, quien ayer dio una conferencia de prensa en Rosario junto a la concejala Norma López, del FPV, y las activistas Viviana Della Siega, de Insgenar y Susana Chiarotti, de Insgenar y Cladem.

El jueves 4 de febrero, el ministro de Justicia Ricardo Silberstein, junto a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Consejo Nacional de la Mujer recibirán a las representantes de E., que esperan firmar el acta acuerdo con las reparaciones consensuadas durante más de un año. El Estado debe reparar económica y moralmente a la joven -a través de un pedido de disculpas- y garantizar que no vuelva a producirse semejante vulneración de derechos a una mujer víctima de delitos contra su integridad sexual que haga la denuncia.

"La visión sesgada del juez es muy visible al leer el expediente. Mientras E. y su hermana R. hacen una denuncia completamente coherente, en la que queda claro lo sufrido por las víctimas, el juez considera que esa declaración está arreglada. Después aparecen un montón de vecinos que dicen las mismas frases, incluso con las mismas palabras, pero el magistrado las encuentra coherentes", explicó Chiarotti.

Uno de los puntos de la sentencia absolutoria indica que el hombre no violó a su hija porque "no es alcohólico ni es enfermo psiquiátrico". Chiarotti se indigna porque ese prejuicio judicial constituye "una patologización que sirve para justificar a los demás. Eso lo denunciamos nosotras como un prejuicio discriminatorio, como un estereotipo". Fue uno de los puntos de la denuncia presentada ante el comité de la CEDAW en Naciones Unidas. "El comité es muy estricto para aceptar casos, es muy difícil que lo acepte si no considera que tiene asidero la denuncia. El nuestro es el número 63, y está recibiendo denuncias desde hace 15 años. Ya cuando el comité te lo admite es porque revisó todo y piensa que es un caso viable, que es justo el reclamo. Si bien todavía no se expidió, la Cancillería y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación iniciaron las conversaciones para avanzar con la reparación".

Sobre el seguimiento de las denuncias por abuso sexual, que en los departamentos del norte santafesino trepan a una cada tres días, Salazar recordó que "con el equipo que tenemos en el Concejo venimos siguiendo estos números por las notas periodísticas, porque no hay estadísticas oficiales, y la verdad es que hay épocas en que puede ser más alta aún la cantidad. Un 80 por ciento de esas denuncias son por abusos intrafamiliares". La concejala afirmó que no sólo hay más casos en el sur, sino que también "hay un desequilibrio en todo lo que son oficinas del estado en nuestros departamentos. Cladem e Insgenar presentaron un amicus curiae que el juez no tuvo en cuenta. Por eso está dentro de la agenda de garantías de no repetición la capacitación no sólo a jueces y policías, sino también a los distintos actores del estado".

Por su parte, la concejala rosarina Norma López, del FPV, que hizo de nexo entre las ONG y la dirigente de Reconquista, consideró que "la justicia colabora con la impunidad de los agresores y de los violadores, porque cuando no sanciona la primera vez que se produce una agresión, un golpe, un maltrato o un abuso sexual, lo invisibiliza. Y esa acción de la justicia, hoy, es la gran base para que la sociedad naturalice la violencia. Por eso tenemos que seguir observando al Poder Judicial y exigir medidas al gobierno de Miguel Lifschitz para que la justicia cumpla con sus funciones, en lugar de mantener esta situación de impunidad".

En ese sentido, Salazar consideró que el caso de C.E.R. "tiene que ser indudablemente un llamado de atención para el gobierno de Miguel Lifschitz, para que tenga políticas acordes a lo que necesitamos, que se cree el Observatorio de Violencia de Género, que haya políticas serias, sino lo único que hacen en cambiar el nombre de la Dirección de Políticas de Género a Subsecretaría".

Tanto Salazar como Chiarotti hicieron eje en la falta de investigación, por ejemplo, sobre la comisión de abuso sexual cuando se trata de madres-niñas, casos que el Estado debería indagar porque por lo general son embarazos producto de abusos sexuales. "Pero no hay estadísticas, ni acción de ningún agente del estado", subrayó Salazar.

C.E.R. sufrió represalias tras decidirse a hacer la denuncia. Debió abandonar su ciudad y la amenazaron. Hoy, el estado tiene una reparación económica en curso, y deberá pedirle disculpas por no garantizar su acceso a la justicia. Salazar ensalzó la actitud de C.E.R. "Reconozco el coraje, la valentía que tiene, es súperemprendedora, se merece las cosas buenas. Por eso es que en un lugar donde hay tantas denuncias de abuso sexual como es el norte provincial, queremos que se investiguen".